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Anticorrupción pide 8 años de prisión para el marido de Ana Rosa Quintana por el caso Villarejo

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación en la llamada pieza Pintor del caso Villarejo.

La periodista Ana Rosa Quintana y su marido, Juan Muñoz | Europa Press

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación en la llamada pieza Pintor del caso Villarejo donde se investiga el supuesto encargo que el empresario Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, y su hermano Fernando hicieron al comisario para espiar a un exsocio y a su abogado. Los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano solicitan una pena de 14 años de cárcel para Villarejo por este caso y de 8 años para el esposo de Ana Rosa.

Según detalló el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, este encargo a Villarejo surgió tras un enfrentamiento que mantenían Juan Muñoz y su hermano con un exsocio, M. M. N. Los empresarios habían "maniobrado" para que este asumiera toda la responsabilidad en un juicio por un delito contra la Hacienda Pública. Pero, aunque el socio lo aceptó en un primer momento, finalmente rechazó este pacto y se declaró insolvente, por lo que la Agencia Tributaria no iría después contra él.

Los hermanos Muñoz afirmaban que lo había hecho para ocultar su patrimonio y eludir la deuda. Por ello, "contrataron a Villarejo para que les proporcionara información sensible y de acceso restringido" de su exsocio y de su abogado para "presionarlos", según describe el juez instructor.

La Fiscalía atribuye a los procesados delitos de revelación de secretos y extorsión y pide casi 14 años para Villarejo y una pena de 8 años de prisión a los hermanos Muñoz. Además, Anticorrupción solicita 14 años de prisión para el hijo del comisario Villarejo y otros 14 años para uno de sus colaboradores Rafael Redondo. También reclama penas de cárcel para otros de los procesados: Antonio Bonilla (8 años) y Javier Fernández (8 años); contra el grupo de detectives subcontratados para espiar a las víctimas (12 años), y contra los dos abogados de los empresarios (14 meses para uno y 6 años y un mes para el otro).

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