EH Bildu se ha consolidado en las elecciones autonómicas vascas como la segunda fuerza política en la región. La coalición electoral está integrada por los herederos de Batasuna-ETA (Sortu) y por los cuadros de dos partidos con escaso tirón popular, como Eusko Alkartasuna y Alternatiba, que hoy en día tendrían imposible obtener representación si se presentasen en solitario, además de por los restos de Aralar, que se disolvió a finales de 2017 y que fue una escisión de Herri Batasuna.
Este domingo han superado el techo electoral que habían conseguido en las elecciones autonómicas de 2012, en la que habían establecido su propio récord, que fijaron en 21 escaños. Ahora tendrán uno más, si finalmente se confirma en el recuento definitivo su séptimo parlamentario por Vizcaya, que tendrá que pelear con el PP una vez se contabilice el voto en el exterior. Los batasunos parten con una pequeña ventaja de 108 votos, por lo que hay margen para que lo consigan los populares.
La coalición electoral ha intentado dar un cambio a su imagen, tratando de alejarse de la mayor forma posible del pasado de muchos de sus integrantes, que apoyaron durante décadas la actividad terrorista de ETA. Pero eso no ha supuesto ni mucho menos desligarse del pasado. Lo demuestran hechos como que Arnaldo Otegi sea el secretario general de la coalición o que se hayan negado a condenar los rebrotes de terrorismo callejero en el País Vasco y Navarro.
También recuerda ese pasado la elaboración de sus listas electorales. Y es que hasta tres de los parlamentarios que representarán a EH Bildu en la Cámara vasca han pasado por prisión por su relación con la organización terrorista ETA y su entramado civil. Se trata de Arkaitz Rodríguez, Iker Casanova e Ikoitz Arrese. Los tres, ya sea más o menos tiempo, saben lo que es estar entre rejas.
Arkaitz Rodríguez Torres es el actual secretario general de Sortu, el partido sustituto de Batasuna. Ha pasado una década en prisión tras haber sido arrestado en tres ocasiones por su relación con las estructuras de ETA. La primera vez fue en 2001, cuando era uno de los responsables de Haika —la asociación juvenil proetarra— y fue acusado de formar parte del aparato de captación de ETA. Su implicación no se pudo demostrar y terminó siendo absuelto.
También fue absuelto de todos los cargos tras estar imputado en el sumario 18/98, un macroproceso contra las estructuras politico-civiles de ETA que acabó con la ilegalización de KAS, EKIN, XAKI y la clausura del diario Egin y su emisora Egin Irratia. Y fue condenado por pertenencia a banda armada por su implicación en la causa Bateragune, el intento de reconstruir Batasuna-ETA tras su ilegalización. Una causa por la que permanece inhabilitado para cargo público Arnaldo Otegi.
Fue él quien reconoció hace más de dos años, cuando ya ostentaba un cargo de relevancia en Sortu, que ETA había dejado su actividad criminal por una cuestión estratégica, no porque considerase que sus cincuenta años de actividad terrorista estuvieran mal. También se negó hace un par de meses a condenar los ataque con pintura roja contra sedes del PNV o el PSE en la comunidad vasca, además del ataque contra el domicilio familiar de la líder del PSE, Idoia Mendía.
Iker Casanova Alonso fue condenado por la Audiencia Nacional dentro del macrosumario 18/98. Su condena fue de once años de prisión, aunque no llegó a cumplir la pena íntegramente. El juez Baltasar Garzón, que fue el que dirigió la causa consideró comprobado que era uno de los máximos responsables de EKIN en Vizcaya, organización que, como ya se ha mencionado anteriormente, terminó siendo ilegalizada por ser parte de ETA.
EKIN era la heredera de la denominada Alternativa KAS. Fue constituida en 1999 como una organización "independentista, revolucionaria, nacional y euskaldún" que tenía como objetivo "agitar la sociedad y fortalecer las luchas populares con el fin de construir una nación vasca moderna y competitiva". La realidad es que actuaban como comisarios políticos dentro de Batasuna y otras organizaciones afines, asegurándose de que se cumpliesen las directrices de ETA.
Ikoitz Arrese Otegi fue detenido en octubre de 2010 en el marco de una operación de la Policía contra los cabecillas de Segi —juventudes de Batasuna-ETA que terminaron siendo ilegalizadas— en el territorio histórico de Vizcaya. El dispositivo estuvo dirigido por el juez y actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien le acusó de pertenencia a banda terrorista. Fue puesto en libertad tras un año y medio en prisión por la inconsistencia de las pruebas en su contra.
Aparte de estos tres parlamentarios, hay otros dos que también parecen tener una relación evidente con el entramado de ETA. El primero, Julen Arzuaga Gumuzio, que fue imputado dentro de la causa contra Gestoras Pro Amnistía, una estructura de ETA destinada a dar apoyo y cobertura a los terroristas encarcelados y a sus familias, aunque también servía para trasmitir las órdenes de ETA en las cárceles y recabar datos que pudieran ser valiosos para mantener la seguridad de la banda tras las detenciones. Fue absuelto en el juicio y no llegó a entrar en prisión.
También Eraitz Sáez de Egilaz Ramos, que es hija de Carlos Saez de Egilaz Murguiondo, un etarra que formaba parte de la estructura de extorsión de ETA y que era uno de los encargados de citarse con los empresarios que aceptaban pagar a la organización para acordar la forma de los pagos y recibir el dinero. Fue detenido en Francia en el año 2003 y fue condenado a 15 años de prisión en el país vecino. Antes de su integración en ETA formó parte de HB y de Gestoras Pro Amnistía.