Una alambicada defensa a la persona que más bien entraña un ataque a la Institución. El Gobierno ha aparentado este martes una defensa pública de la Corona tras las informaciones que apuntan a que el Rey emérito, Juan Carlos I, creó una sociedad con su propia firma que le permitió cobrar una comisión de 64 millones de euros del AVE a la Meca.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se esforzó en no entrar en el fondo de la cuestión y transmitió "un mensaje de tranquilidad, de serenidad y de confianza en los pilares del Estado social y demoćratico de derecho, entre los que figuran la igualdad de todos ante la Ley y la presunción de inocencia, subrayemos ésta, también para las instituciones del Estado".
Presunción que pareció enmendar acto seguido la ministra portavoz, María Jesús Montero, quien, retomando el uso de la palabra añadió: "Recordar simplemente que las actuaciones judiciales que se están produciendo en tribunales de Justicia de otros países se están refiriendo al antiguo jefe del Estado, que no... para nada tienen repercusión ni impacto en el actual jefe del Estado".
Y para recalcar el cortafuegos, Montero recordó también que "además, cuando se empezó a conocer algunos extremos de esta cuestión, renunció de forma explícita a la herencia que, en su caso, le pudiera corresponder con motivo de esta fundación".
Previamente, la portavoz abogó porque el Ejecutivo "no se pronuncie" sobre este tipo de asuntos que afectan a las instituciones "para evitar juicios paralelos, pero también prometió "la colaboración del Gobierno con todos los requerimientos y colaboraciones de tribunales de otros países o la justicia española".