La llegada de Fernando Grande Marlaska al Ministerio del Interior cambió por completo la relación que había mantenido durante décadas con los efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado. De la más absoluta cordialidad y complicidad durante su etapa como juez se ha pasado a dos años de constantes tensiones, encontronazos y polémicos ceses. Lo que debía ser una balsa de aceite para un ministro que fue recibido con muchas esperanzas se ha convertido en un temporal continuo.
Hace poco más de un mes, el Gobierno intenta dar aire a un cuestionado Marlaska dando luz verde a una nueva subida salarial a policías y guardias civiles. El ministro había provocado la mayor crisis interna en la Guardia Civil desde que se descubrió que el socialista Luis Roldán había saqueado las arcas del cuerpo durante su periodo de director general. También coleaba la destitución del alto mando policial que pidió mascarillas para los agentes en enero. Había que desviar la atención.
La decisión de aprobar esa subida salarial no venía de la nada, sino del compromiso adquirido por el Ministerio del Interior en 2018, entonces bajo el mando de Juan Antonio Zoido (PP). Se acordó una subida salarial en tres años para tratar de equiparar sus remuneraciones —aunque siguen estando lejos— con las que reciben los policías autonómicos. Las subidas de 2018 y 2019 ya se habían realizado y quedaba pendiente la de este 2020.
Algo que inicialmente estaba pensado para conseguir calmar las aguas tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil se puede terminar convirtiendo ahora en un nuevo problema para el juez que se metió a político. Y cada día parece más cerca que esto suceda. Ni siquiera con un aumento salarial se van a aplacar los incendios que había en el Ministerio del Interior. Es más, puede que este aumento de los salarios se termine convirtiendo en un nuevo incendio.
El gran problema es que los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil no se ponen de acuerdo sobre cómo debe repartirse la bolsa de más de 247 millones de euros que hay para aumentar los salarios. Este mismo lunes por la mañana se ha celebrado una nueva reunión en la sede del Ministerio del Interior y ninguna de las partes quiere dar su brazo a torcer, porque cada pequeño porcentaje son miles y miles de euros.
Las asociaciones de guardias civiles dicen que les corresponde el 59 por ciento de la bolsa, a lo que habría que sumar un 1,7 por ciento extra que creen que se dio a los policías nacionales en 2019 sin corresponderles. Los sindicatos policiales creen que a la Guardia Civil debería corresponder como mucho el 53 por ciento de la bolsa y que ni hablar de hacer una revisión extra basándose en los repartos del año pasado.
El tiempo corre, no hay atisbo de acuerdo y en el Ministerio del Interior temen que les toque a ellos decidir qué porcentaje corresponde a cada cuerpo policial. El problema es que estando tan lejanas las posturas entre unos y otros, es fácil que al final o guardias civiles o policías nacional o, incluso, los efectivos de ambos cuerpos acaben enfadados con Marlaska y se puedan volver a ver en la calle las movilizaciones que ya hubo contra otros ministros del Interior.