Ocho meses después de la sentencia por el golpe de Estado de octubre de 2017, los nueve líderes separatistas condenados están a un paso de acceder al tercer grado, lo que implica que sólo tendrán que ir a la cárcel a dormir y podrán pasar los fines de semana fuera de la prisión. Durante los menos de tres años que han transcurrido desde su ingreso en prisión, los golpistas han disfrutado de toda clase de discriminaciones positivas, un trato vip agudizado cuando fueron trasladados a prisiones catalanas, que dependen de la Generalidad.
Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa y Carme Forcadell se beneficiaron primero de un laxo régimen de visitas, dado el carácter de "autoridades" de algunos de sus interlocutores habituales. Así, además de abogados y familires, los golpistas solían despachar cada día con varios dirigentes de partido y cargos públicos. Y a principios de año se beneficiaron del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una suerte de tercer grado camuflado que les permitió salir de la cárcel durante más de ocho horas al día para trabajar o realizar tareas de voluntariado a la medida.
Sin muestras de arrepentimiento
Sin embargo, los beneficios de estos presos no fueron acompañados de muestras de arrepentimiento, sino todo lo contrario. El paso por prisión con las singulares condiciones aplicadas por la Generalidad para los exconsejeros del gobierno catalán golpista ha reforzado el perfil de la mayoría de ellos. Oriol Junqueras no ha dejado de hacer política, Jordi Sànchez dirige la "Crida per la República", Cuixart se mantiene al frente de Òmnium mientras que Rull, Turull y Forn se han erigido en un sector propio en el PDeCAT. Sólo Dolors Bassa y Carme Forcadell han abandonado la primera línea política.
Actividad mediática
Además, la estancia en cárceles catalanas ha propiciado una intensa actividad mediática de los presos, que se han ratificado en su intención de intentar repetir la asonada. En tales condiciones, sólo Dolors Bassa se mostró partidaria de solicitar un indulto. Los demás han rechazado la medida de gracia, toda vez que el papel de presos no arrepentidos refuerza su perfil y su peso en los partidos y entidades separatistas. De hecho, están más envalentonados que nunca.
Ahora, la decisión definitiva está en manos del departamento de Justicia de la Generalidad, a cuyo frente está la consejera republicana Esther Capella. La intención es ratificar la propuesta de las Juntas de Tratamiento en cuestión de días pues los golpistas se sienten discriminados por no haber podido pasar la epidemia del coronavirus en sus domicilios.