"Es un lío", admiten en el Gobierno, pero un lío de Pablo Iglesias. Fuentes de Moncloa consultadas por Libertad Digital reconocen el revuelo generado por el caso Dina tras la investigación abierta por la Fiscalía pero confían en que "no tendrá recorrido jurídico" ya que se trata de una cuestión personal de envío de "imágenes eróticas" entre dos miembros de Podemos.
Un cuestión íntima que "no afecta al Gobierno" sino a Podemos y que quedará en el plano del "escándalo político" pero no jurídico porque "no consta denuncia de la agraviada", la asesora Dina Bousselham contra el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por la destrucción de la tarjeta SIM que fue destruida mientras estaba bajo su custodia.
Un asunto que "no ha sido tratado" a nivel interno entre Iglesias y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que el Ejecutivo deja solo al número tres del Consejo de Ministros en sus explicaciones públicas. Preguntada por este asunto, la ministra portavoz, María Jesús Montero, rechazó "hacer de intérprete de Iglesias".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero rechazó entrar en la cuestión por dos motivos. Primero que "el Gobierno no habla de cuestiones que están en este momento incursas en una investigación judicial con las actuaciones que considere que tengan que haber lugar". Y segundo, porque "yo sobre las declaraciones personales de Iglesias no voy a entrar. Alguna vez he dicho que yo no voy a hacer de intérprete del señor Iglesias".
Preguntada por si pone "la mano en el fuego por Iglesias", Montero no lo hizo: "Estamos trabajando con toda nuestra energía, incluido por supuesto el vicepresidente segundo y todos los miembros del Gobierno, en intentar que nuestro país se recupere lo antes posible en la situación económica fruto de la pandemia y que la seguridad y el control de los brotes sea una realidad en nuestro día a día".
Y por todos estos motivos el Gobierno no es tajante en relación a este asunto porque admite que no tiene la información directamente de su vicepresidente sino de lo que lee en los medios de comunicación, con lo cual deja abierta la posibilidad de que el caso pudiera ir a más. Se preguntan "¿qué más hay?" pero más con el morbo de seguir el culebrón de la historia que por la inquietud de un posible coste para el Ejecutivo.