La clave es la diferencia entre fallecer "con" coronavirus o "de" coronavirus. Eso es lo que marca la distancia entre los 28.315 fallecidos oficiales que ha actualizado este viernes el Gobierno, tras doce días de congelación de los datos, y los 43.360 que arroja el índice MOMO de monitorización de la mortalidad, en llamativa coincidencia con el INE, los datos de las Comunidades Autónomas y las funerarias.
En comparecencia en Moncloa, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del CCAES, Fernando Simón, argumentaron que el Ejecutivo sólo se aferra a los casos de muertes confirmadas, desatendiendo en esta ocasión las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que pedía contabilizar también a los casos "sospechosos" como muertes por covid-19.
Según Simón, "Todos sabemos que hay un exceso de fallecidos algo mayor pero de esos no hay confirmación de que haya sido por coronavirus. Muchos lo habrán sido, otros no, pero la cifra que podemos confirmar en 28.313" que es "una cifra muy realista". Preguntado por Libertad Digital, el director de Emergencias Sanitarias ha dicho que el cambio reclamado por la Organización Mundial de la Salud "generaría una distorsión" sobre los casos reales de fallecidos que no se corresponde con la realidad.
En su lugar, lo que el Ejecutivo avanza es que se van a revisar "los 13000 fallecidos no diagnosticados por coronavirus" en cuyos certificados de defunción se aprecian síntomas o sospechas que se corresponden con las más de 40.000 muertes de otros organismos. Simón explicó que la recomendación de la OMS es "la vía para certificar la defunción" que, a su juicio, es diferente a la vía para "hacer el seguimiento de la pandemia".
El Gobierno estima que "a finales de año" esta revisión elevará la cifra de víctimas del Covid-19 "en una parte no desdeñable... un 20%, un 30% o un 50% no se" y que no se detectó por la saturación del sistema hospitalaria que no permitía "posibilidad de detección". Es decir, que a finales de año se revisará lo que, a día de hoy, el Gobierno se niega a aceptar: que los fallecidos sospechosos se incluyan en la estadística como pide la OMS o que se incluya a los fallecidos indirectos o "por causas colaterales" como, por ejemplo, las muertes por causas médicas distintas como un infarto o un ictus que no fueron al hospital para no ser contagiados por el virus.
Lo que en ningún caso acepta el Gobierno es que haya habido ningún tipo de "ocultación" de fallecidos. Preguntado por Libertad Digital, el ministro Illa aseguró que "el Gobierno no ha hecho ningún tipo de ocultación ni hay ninguna necesidad de blanquear la gestión" y siempre se ha guiado por la ciencia y los expertos" aunque no siempre haya atendido a las recomendaciones de la OMS.
Controles en aeropuertos
Una comparecencia en la que el titular del ramo dejó claro que no se harán PCR de forma masiva a los turistas extranjeros que lleguen a España desde que el próximo domingo se reabran las fronteras españolas. Illa explicó que el nuevo protocolo que se aplicará en los aeropuertos españoles consiste en "un control documental (consistente en una declaración jurada), un control de temperatura y un control visual y, si uno de estos tres no es superado, va a ser revisado por un médico" y sólo "se harán PCR cuando el personal de Sanidad Exterior lo considere necesario, no se harán a todas las personas".
Tres controles "primarios" en cuyo primer paso, el control documental, el turista aportará los datos de localización en España" y "los servicios asistenciales de las Comunidades Autónomas serán debidamente informados". Algo que exigirá un refuerzo de personal por parte del Ministerio de Sanidad cuyo servicio de Sanidad Exterior se ampliará en 100 trabajadores más desde este domingo, respecto a los 600 profesionales que lo integran en todo el país. Personal que irá incrementando en el futuro "conforme las necesidades lo aconsejen". Según Illa, "el personal que hay es el adecuado según el volumen de viajeros previsto para el domingo".