El Gobierno comienza a hacer cesiones para conseguir sentar a la mesa al mayor número de formaciones políticas para la negociación presupuestaria. Y la primera pasa por erosionar el acuerdo programático con Unidas Podemos que sirvió de base para el Gobierno de coalición progresista. Según admitió este martes la ministra portavoz, María Jesús Montero, "este Gobierno se ve obligado a tener los pies en el suelo para escuchar a todos y concitar las mayores alianzas posibles. Este Gobierno por sí sólo no puede aprobar un Presupuesto y se ve obligado a dialogar, escuchar, recibir e incorporar. Y eso significa modular su propia hoja de ruta que tenía prevista antes de que empezara esta pandemia".
La también ministra de Hacienda aseguró que "el acuerdo programático con Unidas Podemos es un pegamento de cohesión para este Gobierno. Es una hoja de ruta que guía las actuaciones", pero acompañó esta defensa de una adversativa que encierra lo fundamental: "Pero como cualquier iniciativa política tiene que tener la capacidad de adaptación al entorno concreto y al momento concreto en donde hay que ponerlo en marcha. Y esto significa repriorizar sobre lo priorizado".
Y dejó claras que las prioridades serán las "perentorias y nucleares" que "atravesarán el presupuesto", como las medidas sanitarias y educativas para el año que viene "en un contexto de dificultad" y sobre las que tendrá que pronunciarse la Comisión de Evaluación en el Congreso de los Diputados y que incorporará el Gobierno a su proyecto de Presupuestos Generales del Estado. "En qué materias piensa el Congreso de los Diputados, el conjunto de fuerzas políticas, que tenemos que redoblar el acento para el próximo año. Tendremos que ver cuáles se escogen y son las prioritarias".
Preguntada nuevamente por los aspectos concretos del acuerdo programático a los que renuncia el Ejecutivo, Montero quiso dar una aparente marcha atrás: "No es que se vaya a modificar el acuerdo con Unidas Podemos. No, no... sino que se tiene que priorizar y por tanto adaptar a las circunstancias del momento".
Fuentes de Moncloa aseguran que se trataría de "modular el gasto más que la política fiscal" porque el Ingreso Mínimo Vital supone un gasto de 3.000 millones de euros y no hay más presupuesto para ese tipo de políticas.
Podemos matiza
El alcance de las palabras de la portavoz del Gobierno llegaba al Congreso donde el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, intentaba restarle importancia en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. "Creo que es obvio que después de la peor epidemia en cien años pues uno tiene que analizar lo que había acordado previamente", señaló al tiempo que recordó que "tanto Unidas Podemos como el PSOE nos presentamos a las elecciones con sendos programas electorales que fueron escritos antes de la epidemia".
De no haber sido así, ha matizado Echenique, "hubiéramos llevado en los programas electorales una mayor inversión en Sanidad o hubiéramos llevado algún mecanismo como el de los ERTE". En síntesis, hablaba de la "flexibilidad" en el acuerdo de gobierno pero afirmaba que es un acuerdo "muy bien adaptado a la situación actual" entre otras cosas, "por su apuesta por una reforma fiscal progresiva".