Un Juzgado de Madrid reactiva la querella contra Fernando Simón por un delito de imprudencia temeraria

La titular del Juzgado de Instrucción nº 53 de Madrid, Mónica Aguirre de la Cuesta, ha reactivado la querella presentada contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, por un delito de imprudencia temeraria sancionado en los artículos 141.1 y 152.1 del Código Penal.

La querella fue presentada en abril por la Asociación de Consumidores y Usuarios y también se dirige contra Pilar Aparicio Azcárraga, directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad; y contra Faustino Blanco González, secretario general de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad.

Según el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, "de la lectura de la querella y de la documentación que se acompaña, y teniéndose en cuenta lo preceptuado en el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, se estima que se ejercita la acción popular, como se indica en el apartado de identificación del querellante".

"Así", añade el auto, "la Asociación no está exenta del deber de prestar fianza. En cuanto al importe de la fianza, la misma debe ser proporcionada y adecuada a fin de que no se obstaculice el acceso al proceso por motivos económicos. Teniéndose en cuenta a estos efectos lo manifestado en el escrito de querella sobre el patrimonio de la Asociación, la cantidad de 500 € cumple las exigencias legales y el requisito de moderación".

"Se reanudan las actuaciones registradas en fecha uno de abril de 2020 a raíz del
escrito de querella presentado por la Asociación de Usuarios y Consumidores José María Mena. Se impone al querellante, una fianza de 500 € para el ejercicio de la acción popular que se pretende, debiendo presentarse en metálico en el plazo de 10 días desde la notificación de esta resolución", concluye.

Según la querella, "los querellados ocultaron o informaron maliciosamente al Ejecutivo, dando lugar a que no se dictaran las medidas adecuadas en el momento oportuno, provocando con ello una infinidad de enfermos graves y de fallecimientos. Existen modelos matemáticos basados en la experiencia china, que esta parte propondrá que se unan a autos a lo largo del procedimiento, que indican que un día de retraso en la adopción de medidas de distanciamiento social en el caso del covid-19 supone un incremento muy considerable en el número de infectados".

"De la desinformación a la opinión pública", añade, "y al Gobierno por parte de los querellados, se desprende la falta de previsión en la compra de materiales (mascarillas, respiradores…) para combatir la pandemia. Cuando se ha querido adquirir, han tenido que competir con otros países que estaban previniendo la pandemia aunque no estuvieran en el estado de gravedad en la que se encuentra España".

"El retraso en la compra de respiradores es causa directa de la muerte de quienes los necesitan y no disponen de ellos, el retraso en la compra de material de protección es causa directa del contagio de personal sanitario, personal de las fuerzas armadas, del personal de transporte, y de todos aquellos que están arriesgando su salud o su vida para atender las necesidades perentorias de otros", concluye la querella.