Torra sume la política catalana en el caos y confunde hasta a los suyos

Torra colapsa la política catalana. El vicario del prófugo Carles Puigdemont se resiste a convocar elecciones. Se ha enrocado en su cargo y se prepara para una batalla judicial con el Tribunal Supremo a causa de su inhabilitación por desobediencia. Torra le ha cogido gusto a la presidencia de la Generalidad precisamente cuando el calendario del Supremo, ERC y hasta en Junts per Catalunya (JxCat), su propia formación, le señalan el camino de salida. Pero Torra se niega a pactar un calendario electoral. Pretende agotar la legislatura (que en ese caso concluiría en diciembre de 2021) y cree que puede retrasar su inhabilitación a base de recursos.

Su abogado, Gonzalo Boye (condenado por el secuestro de Emiliano Revilla) se ha puesto manos a la obra y trata de sembrar toda clase de sospechas sobre el Tribunal Supremo y sus magistrados. Así, censura que se haya fijado fecha para la vista, el 17 de septiembre, sin saber quién será el magistrado ponente y si se ha admitido el recurso previo de la defensa. También denuncia que el Supremo actúa "a la carta" porque el caso de Torra es el 203/2020 y pregunta si ya se han resuelto los 202 anteriores.

Con esos mimbres Boye considera que podrá retrasar la decisión del Supremo como mínimo hasta final de año. Además, aún le queda el comodín del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que no se haga firme la inhabilitación hasta que no pronuncie dicho tribunal, si bien esa carta solo funciona cuando hay condenas de prisión, lo que no es el caso de Torra.

Desobediencia a la JEC

Como se recordará, Torra fue inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar una pancarta sobre los golpistas presos del balcón de la Generalidad, pancarta que Torra acabó retirando al cabo de unos días, expirado el plazo de la JEC y con la excusa de no poner en peligro a los Mossos, que habían recibido también la orden.

En el juicio, Torra mostró toda su prepotencia, llegó a jactarse de que la sede donde se le estaba juzgando era propiedad de la Generalidad y se declaró culpable con indisimulada satisfacción. Se entendió que Torra quería quitarse de en medio de una manera suave, con una pena menor de inhabilitación, puesto que no podía cumplir su promesa de implantar la república en su mandato a las órdenes de Puigdemont.

Cambio de opinión

Pasado el tiempo, ha cambiado de opinión y se ha enrocado en el palau. Tanto desde la perspectiva política como de manera literal. A causa del positivo por coronavirus, que padeció con síntomas leves, decidió enclaustrarse en la "Casa dels Canonges", unas dependencias domésticas dentro del recinto de la sede de la Generalidad que utilizaron por breve espacio de tiempo el matrimonio Tarradellas y de manera ocasional Pujol cuando discutía con su esposa. Torra, una apasionado de la historia del catalanismo, decidió convertirlas en su segunda residencia (primera durante la pandemia) y despacho de trabajo.

La pandemia de coronavirus ha trastocado todos los planes previos de los partidos catalanes, argumento que utiliza Torra para enterrar su promesa de convocatoria electoral (que avanzó en solemne rueda de prensa en enero) a pesar de que las relaciones entre JxCat y ERC están cada vez más deterioradas. Los desencuentros son cada vez de mayor calibre. JxCat acusa a ERC de favorecer con contratos a la empresa donde trabaja el hermano de Junqueras y ERC ataca a JxCat por la gestión de los Mossos. Y entre medias, el suplicatorio de Laura Borràs por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a un amigo (condenado por tráfico de drogas) cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas.

El caso Borràs

Borràs es la candidata ideal de Torra y Puigdemont para la próxima convocatoria electoral autonómica, pero el caso por el que está siendo investigada perjudica notablemente sus opciones. Tampoco operan a favor sus extravagantes justificaciones. Según Borràs, una independentista catalana no puede tener un juicio justo en España, mantra que también utiliza Torra, y a ella se le persigue porque el beneficiario de sus subvenciones habló de "trapis", una palabra que es habitual en la jerga de los drogodependientes, dijo este jueves Borràs a los medios.

Más posibilidades de ser el candidato tiene Jordi Puigneró, consejero de Políticas Digitales y Administraciones Públicas. Incluso se baraja su nombre para hacerse cargo de la presidencia en el caso de que el Supremo confirme la inhabilitación de Torra sin que haya dado tiempo a que sea este quien convoque elecciones.