La guerra sucia entre ERC y JxCat: el hermano de Junqueras y un mosso condenado por lesiones

La política catalana se degrada de manera acelerada. El gobierno de la Generalidad es el escenario de una guerra sucia entre los socios separatistas. Sólo las abultadas nóminas de posconvergentes y republicanos explican el mantenimiento de la alianza. En las últimas horas se ha elevado la tensión hasta extremos sólo comparables a las horas previas al desastre de la proclamación de la república a finales de octubre de 2017.

Los consejeros de Junts per Catalunya abrieron las hostilidades por el contrato que la consejería de Salud firmó con una filial de Ferrovial, Ferroser Servicios Auxiliares, para el rastreo de nuevos casos de coronavirus por un importe de 17,7 millones de euros. La consejera portavoz, Meritxell Budó, puso el grito en el cielo por el contrato aduciendo que el personal sanitario estaba en contra por las restricciones presupuestarias en los hospitales mientras que no había dificultades financieras para la contratación de servicios externos. A Budó se le sumó el presidente de la Generalidad, Quim Torra, que habría maniobrado para obligar a ERC, de quien depende la consejería de Salud, a revertir el acuerdo con la empresa.

La presión fue de tal calibre que la consejera de Salud, la republicana Alba Vergés dio su brazo a torcer y anunció que cancelaría el contrato no sin antes advertir que habría que indemnizar a la compañía. Como cuestión de fondo, las sospechas posconvergentes de que los republicanos habían elegido a la empresa en cuestión para favorecer al hermano de Oriol Junqueras, Roger Junqueras, directivo de la compañía.

La excusa del caso Palau

La razón alegada por los convergentes, sin embargo, era que Ferrovial aparecía en la sentencia del caso Palau como una de las compañías que había pagado comisiones a cambio de adjudicaciones, unas comisiones que habían servido para financiar ilegalmente a Convergencia, el partido del que se reclaman herederos en JxCat salvo cuando se trata de corrupción.

La réplica republicana no se ha hecho esperar. Tras la andanada por el hermano de Junqueras, los republicanos han respondido con duras acusaciones a la Consejería de Interior, en manos de Junts per Catalunya (JxCat), por la sentencia de la Audiencia de Barcelona que condena a dos años y cuatro meses de prisión al subinspector de los Mossos d'Esquadra Jordi Arasa por dos delitos de lesiones durante el desalojo de la plaza de Cataluña de los acampados del 15-M, hecho que se remonta al 2011.

Así, el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián emitía un duro mensaje en Twitter en el que censuraba la supuesta pasividad del consejero de Interior, Miquel Buch: "Hoy se ha condenado a 2 años de prisión por abusos en la actuación policial del 15M a Jordi Arasa, Inspector de los Mossos. Lamentable que haya sido un juez y no su Conseller quien le haya sancionado. Y aún más lamentable que esa misma Conselleria le ascendiera hace 2 meses".

El portavoz republicano en el Parlament, Sergi Sabrià, también se ha mostrado sumamente crítico en un texto en Twitter: "Seguro que tendremos las explicaciones de Interior sobre las malas praxis al cuerpo de Mossos. También, y sobre todo, deberán explicar por qué premiaron con un ascenso uno de sus artífices en lugar de liderar la denuncia".

Colea también el suplicatorio de la diputada posconvergente en Madrid Laura Borràs por unos contratos a dedo durante su etapa como directora del Instituto de las Letras Catalana, que ERC está dispuesta a votar a favor. A pesar de la inquina entre los dirigentes de ambos partidos, que en algunos casos llega al plano personal, la argamasa de los sueldos públicos mantiene unido el gobierno regional.