El delgado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado que no puede considerarse "responsable del 8-M", tras declarar en calidad de investigado por un delito de prevaricación ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. Franco está imputado en la causa por no prohibir las manifestaciones multitudinarias en Madrid como el 8-M en plena crisis del coronavirus.
Franco, cuya defensa ejerce la Abogacía del Estado, ha comparecido durante aproximadamente hora y media en sede judicial y ha respondido las preguntas que le han realizado todas las partes. El dirigente socialista ha reiterado en varias ocasiones ante la juez Rodríguez-Medel que él no es competente en materia de sanidad, por lo que nunca tuvo a su disposición información sobre la evolución del covid-19. También que no recibió indicación o recomendación alguna en el sentido de permitir o prohibir la manifestación del 8 de marzo en Madrid.
A la salida, el delegado del Gobierno en Madrid afirmaba que siempre actuó con "arreglo a la ley y a lo que decían los expertos" y que "no había elementos para prohibir el 8-M". Además, ha afirmado que "no está acreditado" que las personas que asistieran a las manifestaciones se contagiaran en ellas". También ha matizado que "las manifestaciones no se autorizan porque son un derecho fundamental, pero pueden prohibirse y no había elementos para ello".
El dirigente socialista no ha querido valorar las acusaciones de la Abogacía del Estado contra la juez Rodríguez-Medel de pretender realizar "una causa general" contra el Gobierno de Pedro Sánchez, "me lo reservo", ha asegurado. Por último, ha mostrado su "respeto" por la Guardia Civil y ha afirmado que no "está de acuerdo" con sus informes en la causa.
Este jueves también han sido citados para declarar como testigos el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el director del Gabinete Técnico, Luis María Sanz, y el director de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas, en calidad de testigos.
Mañana comparecerán cinco trabajadores de la Delegación del Gobierno: el jefe de Servicio de Seguridad Ciudadana, José Luis Sánchez; el jefe de sección del mismo departamento, Ignacio Ortiz; la auxiliares administrativas del servicio María Lourdes Andrés y María Elena García Díaz, y el jefe del departamento de Prevención y Riesgos Laborales, Ramez Muhzrram Rey. Después será el turno para tres promotores de manifestaciones: Javier Gómez Ochoa, de CCOO, Construcción y Servicios; Antonio García Edwards, de Anonymus for the Voiceless Animal Save, y Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura Asaja.
Por la tarde, testificarán los promotores de otras siete manifestaciones convocadas en marzo que habrían recibido supuestamente llamadas de funcionarios de la Delegación del Gobierno para que las suspendieran: Diana Chnaiker, de la Asociación de Personas Aptas Sin Ayuda de Alquiler; María Teresa Martínez, de Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe; Pedro Gallego, de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón; Antonio O'Connor, del sindicato CGT Madrid; Luis Concha, del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa; Moisés Fernández, de CGT Amazon, y Santiago de la Iglesia, del sindicato Oficios Varios del Sur CGT.
Investigado por prevaricación
La juez instructora Carmen Rodríguez-Medel rechazaba ayer los recursos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado que pedían archivar la investigación contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco.
La magistrada recordaba en su auto que "el objeto de este procedimiento penal se circunscribe única y exclusivamente a las decisiones jurídicas adoptadas entre el 5 y el 14 de marzo de 2020 por el Delegado de Gobierno de Madrid, don José Manuel Franco Pardo, tanto de toma de conocimiento de concentraciones/manifestaciones como de no prohibición de aquellas sobre las que previamente ya había tomado conocimiento, en su condición de autoridad administrativa con unas competencias determinadas legalmente sobre las concentraciones y manifestaciones que habían sido comunicadas a esa Delegación por celebrarse en la Comunidad Autónoma de Madrid, todo ello en relación con la crisis sanitaria derivada del COVID-19".
Además, rechazaba la suspensión del procedimiento contra Franco afirmando que "aplicar una regla diferente a la prevista en la ley a los recursos de la Abogacía del Estado no tiene amparo ni legal, ni constitucional, pues supondría un trato favorable para este investigado (el Sr. Delegado del Gobierno en Madrid) en relación con las demás partes del procedimiento.