El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha intentado responsabilizar del 8-M a la Comunidad de Madrid que preside la popular Isabel Díaz Ayuso. Concretamente a la Consejería de Sanidad.
Franco ha comparecido este miércoles ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, en calidad de investigado por un delito de prevaricación por permitir las marchas y manifestaciones en Madrid entre el 5 y el 14 de marzo, entre ellas la del 8-M. Su declaración se ha extendido durante casi hora y media.
Según fuentes presentes en la declaración consultadas por Libertad Digital, Franco ha mencionado "constantemente" ante la juez que no recibió ninguna advertencia o instrucción de la Consejería de Sanidad avisando de la peligrosidad que conllevaba celebrar las manifestaciones por la expansión de la covid-19 y que, en consecuencia, las prohibiera. También ha mencionado que no recibió avisos o instrucciones de los expertos o del propio Ministerio de Sanidad de Salvador Illa.
Además, el dirigente socialista ha negado haber recibido incluso información del Departamento de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno para prohibir las marchas. Franco ha afirmado que "a partir del 9 de marzo, tomó conciencia de la gravedad de la situación" porque se disparó el contagio, pero que no tenía competencias sanitarias para poder prohibir las manifestaciones.
Las mismas fuentes consultadas por este diario destacan la "impresionante" actuación de la juez instructora Rodríguez-Medel dejando de manifiesto "su conocimiento exhaustivo del sumario de la causa folio a folio". "La inmensa mayoría de las preguntas a Franco y a los testigos las ha hecho Rodríguez-Medel", añaden.
De hecho, en un momento de la declaración la magistrada habría acorralado a Franco preguntándole por una carta que envió a los trabajadores de la Delegación del Gobierno el pasado 13 de marzo y que "ha sido tomada por la juez como una confesión del propio Franco".
En dicha misiva enviada por correo electrónico a los empleados de la Delegación, Franco afirmaba: "Como todos sabemos la especial situación en la que estamos inmersos a nivel global y que afecta a la población... el Gobierno de la Nación está tomando medidas de las que esta Delegación está absolutamente implicada desde el primer momento... Medidas que se están adoptando con la absoluta prioridad de garantizar, ante todo, la protección de la salud de la población y en la que todo el servicio público está implicado... En la seguridad de que siempre, pero especialmente ahora, la ejemplaridad como servidores públicos va a ser evidente...".
Tras hacer referencia a dicha carta, la instructora se dirigía a Franco para recriminarle que la única competencia que tenía con la ciudadanía era permitir o prohibir las manifestaciones. "¿Qué medidas tomó usted?", le espetaba Rodríguez-Medel. Franco "muy nervioso" se quedaba sin palabras.
La declaración del resto de testigos
Este miércoles también han declarado como testigos ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el director del Gabinete Técnico, Luis María Sanz, y el director de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas, en calidad de testigos.
Según las fuentes consultadas por este diario, los 3 testigos han coincidido en afirmar que "no tienen competencias en Sanidad, que no saben lo que es un virus y que cómo iban ellos a poder evitar las manifestaciones si es un derecho fundamental".
La acusación popular en la causa está liderada por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y la Asociación de Usuarios y Consumidores.