El médico forense de la causa del 8-M asegura en su nuevo informe remitido a la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que la Delegación del Gobierno en Madrid del socialista José Manuel Franco, "el 28 de febrero era consciente del peligro que entrañaba para los ciudadanos" y que "de haberse evitado las manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la covid-19".
El forense en su segundo informe, al que ha tenido acceso Libertad Digital, ratifica las conclusiones de su informe del pasado 19 de abril "con alguna matización". El facultativo indica que el ministro de Sanidad, Salvador Illa y el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias CCAES, Fernando Simón, "subestimaron la gravedad" del coronavirus y "su fulminante desarrollo". "El 25 de febrero ya había un alto índice de sospecha de que el país iba hacia una hecatombe sanitaria y se sabía cuáles eran las medidas que había que adoptar para evitarlo".
Además, recuerda las palabras de Simón el 23 de febrero cuando señaló que "en España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad", palabras que dice "no se ajustan a la realidad —lo que no implica que sean deliberadamente contrarias a la verdad, pueden ser un error— y se pronuncian en televisión en un momento crucial para la expansión de la epidemia... La crisis era previsible para quien sabe de epidemiología".
Según las conclusiones de su informe, "las manifestaciones de personas comportan un hacinamiento de las mismas en espacios, sean al aire libre o en espacios cerrados, especialmente si son masivas". "En dichas concentraciones de personas el riesgo de transmitir una enfermedad como la covid-19, debido precisamente a la cercanía de las personas y a que el virus de dicha enfermedad se transmite por gotitas es elevado, sobre todo cuando las concentraciones de personas son de elevada densidad y se producen contactos estrechos entre los participantes", sostiene.
"Participantes de esas manifestaciones", añade, "podían estar contagiando la enfermedad sin ser consciente de ello aún cuando no tuvieran síntomas. No es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones celebradas dichos días y que haya resultado infectado por el virus covid-19 lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimiento público, etc".
"Lo que sí es cierto y seguro es que de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad y de igual modo de haberse advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio para que los ciudadanos adoptaran las medidas higiénicas necesarias para su protección en relación a la gravedad de la enfermedad", destaca.
En su informe, el médico forense recuerda las advertencias de la OMS del 14 de febrero para que se hiciera una valoración de los riesgos ante la planificación de reuniones masivas "y no consta que se haya realizado la evaluación de riesgo, ni la comunicación del mismo". También se refiere a las recomendaciones de la ECDC (Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades) del 2 de marzo. Entre estas recomendaciones, "cobra especial interés la medida de distanciamiento social con cualquier persona entre uno y dos metros".
Según el forense, "estas cuestiones previas y el exacto estado en que nos encontrábamos en cada momento eran conocidos por las autoridades sanitarias nacionales y de la Comunidad de Madrid. El 28 de febrero en la Delegación del Gobierno se conocía la situación de epidemia y eran conscientes del peligro que entrañaba para los ciudadanos. En consecuencia se dispusieron las medidas adecuadas para proteger a las personas que en esa institución trabajan".
"En cambio no se instó a que quienes comunicaban manifestaciones o concentraciones en las vía pública en el periodo objeto de investigación que dispusieran la evaluación del riesgo sanitario que dichas manifestaciones comportaban, como recomienda la OMS, y además es lógico y natural, desde que se instauró la epidemia", concluye.
Este miércoles, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, declarará en calidad de investigado por un delito de prevaricación ante la juez Rodríguez-Medel. La Fiscalía ha solicitado este lunes el archivo de las actuaciones.