La Fiscalía ha rebajado su acusación de rebelión contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, José Luis Trapero, a posibles delitos de sedición o desobediencia. Éste último conlleva multa e inhabilitación, pero no penas de prisión.
El Ministerio Público ha elevado este lunes a definitiva la acusación contra Trapero. La Sección Primera de la Sala de lo Penal ha reanudado hoy el juicio que se suspendió debido a la pandemia de la covid-19. En el banquillo de los acusados también se sientan el exsecretario general de Interior de la Generalidad, César Puig; al exdirector de Mossos, Pere Soler, y a la intendente del Cuerpo, Teresa Laplana.
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha sido el encargado de anunciar en la vista oral la acusación de sedición o subsidiariamente de desobediencia contra el mayor de los Mossos. Una decisión tomada hace meses, tras la llegada de la nueva fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
El fiscal Carballo ha afirmado que el Ministerio Público solicita 10 años de prisión para Trapero, Puig y Soler en el supuesto de sedición. Mientras, reclama 4 años para Laplana.
El delito de desobediencia está recogido en el artículo 410 del Código Penal y se refiere "a las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior".
Trapero era el máximo responsable de los Mossos d'Esquadra cuando se celebró la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017. Un referéndum que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña TSJC. Cuando el juicio quede visto para sentencia, la Sección Penal Primera de la Audiencia Nacional tendrá en sus manos el futuro de Trapero. Prisión o inhabilitación como mosso.
El próximo día 15, se presentarán en el juicio las conclusiones de las defensas y el informe del Ministerio Fiscal y los días 16 y 17 los informes de las defensas y la última palabra. El juicio contra el mayor de los mossos comenzó el 20 de enero y se suspendió el 13 de marzo por el estado de alarma decretado por el Gobierno por el coronavirus.