El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, considera que los gobiernos autonómicos de Madrid y Castilla y León, ambos gobernados por una coalición de PP y Ciudadanos, podrían haber cometido "un crimen" en su gestión de las residencias de ancianos durante la crisis de la covid-19.
En una entrevista este lunes en Televisión Española, Iglesias elevaba el tono contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, blanco desde hace semanas de las críticas de Podemos, para asegurar que "la gente no va a perdonar lo que ha hecho la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid o lo que se ha hecho en otras comunidades autónomas, es una auténtica vergüenza" aseveraba tajante.
Basándose una vez más en declaraciones del consejero de políticas sociales madrileño, Alberto Reyero, de Ciudadanos, Iglesias afirmaba que es "gravísimo lo que ha ocurrido" ya que Reyero, argumentaba, "declaró, literalmente, 'lo que hizo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, enviando una instrucción que prohibía trasladar a los ancianos de las residencias de mayores a los hospitales, eso no solo es inmoral, sino que además puede ser ilegal'. Esto lo dijo el propio consejero de Ayuso. Es gravísimo lo que ha ocurrido y vamos a ver si esto no termina teniendo consecuencias penales".
Iglesias niega que el Gobierno central sea responsable
El secretario general de Podemos, señalado en muchas ocasiones por su propia gestión de la materia desde que el Gobierno asumió el mando único a través del estado de alarma, decretado por primera vez el 14 de marzo, se quitaba de encima cualquier tipo de responsabilidad para señalar tanto al Gobierno madrileño como al que preside Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León.
Lo hacía poniendo el foco, como ya es habitual, en la propiedad de esas residencias: "Que alguien pueda hacer negocio con la salud y el bienestar de nuestros mayores y después no pagar impuestos en España o llevárselo a cuentas en Suiza, eso no se puede permitir. En este país se han hecho negocios indecentes con la salud de los abuelos y abuelas de España y yo creo que lo que ha ocurrido tiene que servir para poner de una vez fin a una situación, que es vergonzosa".
En su versión de los hechos, el Gobierno central no es responsable porque "nosotros dimos trescientos millones de euros a las comunidades autónomas para que pudieran contratar mas personal; les permitimos que les declararan servicios esenciales igual que los de los hospitales; les indicamos en una orden que en la distribución de equipos de protección individual les dieran la misma consideración que a los trabajadores de los hospitales… y lo que estamos viendo es que el modelo que hay no funciona y lo que hemos visto en la Comunidad de Madrid es un auténtico escándalo, si es que no es un crimen" concluía.