Podemos está manteniendo en las últimas semanas una estrategia de ataques a las Fuerzas de Seguridad del Estado que no se habían visto en los más de cuarenta años de democracia en un partido que formaba parte del Gobierno. Y menos con ministros involucrados en la estrategia. Todos en la misma dirección: hay mandos totalitarios, cercanos políticamente a la ideología de PP y Vox, que tratan de "desestabilizar" al Ejecutivo.
La veda la abrió el primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, quien aseguró que la derecha estaba utilizando su "brazo policial" para tratar de "desestabilizar al Gobierno". Todo porque dos agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil habían cumplido con su deber y habían redactado un informe sobre el 8-M a petición de una juez de Madrid. Y el contenido de ese informe no era de su gusto.
El jueves pasado, volvían a la carga. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, decía que existen "elementos reaccionarios dentro" de las estructuras de Policía Nacional y la Guardia Civil que podrían ser favorables a un golpe de Estado y llegaba a afirmar, en alusión a años pasados, que "se ha utilizado a la Policía Nacional como una banda organizada para el espionaje de los rivales políticos".
Unas pocas horas después, en el Congreso de los Diputados, era uno de los portavoces de Unidas Podemos, Jaume Asens, el que insistía: hay agentes que trabajan para "desestabilizar el Gobierno". Los dirigentes de Podemos están vendiendo el mensaje de que cualquier crítica al Ejecutivo tiene un fin de desestabilización y no han tenido reparo en enfangar por medio a las Fuerzas de Seguridad, jugando con su imagen y prestigio.
Esta línea argumental no ha sentado nada bien en el seno de Policía Nacional y Guardia Civil. Fuentes de estas instituciones consultadas por Libertad Digital censuran que no tengan ningún reparo en "manchar" y "enfangar" la imagen de estos cuerpos para "obtener réditos políticos", algo que hasta ahora "jamás se había visto al nivel que se está llegando", calificando de "golpistas" a los mandos, lo que produce "hartazgo" y "un fuerte descontento" en los agentes y echan de menos que el ministro, Fernando Grande Marlaska, no haya salido en su defensa.
La Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC) ha rechazado "cualquier referencia a que dentro de la Guardia Civil exista algún grupúsculo que pretenda desestabilizar al Gobierno y mucho menos, que se piense que hay elementos golpistas". Según explican, "estas acusaciones insultan a los guardias civiles, que solo están cumpliendo con su deber, con total y absoluto respeto a la Ley". "Lo que pedimos es que nos dejen trabajar con la independencia y la lealtad que llevamos haciéndolo desde hace 176 años", añaden.
En parecido términos se expresa la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC): "Las manifestaciones llevadas a cabo, además de ser insultantes, demuestran un desconocimiento absoluto de lo que es la Guardia Civil. Los guardias civiles juramos guardar y hacer guardar la Constitución con lealtad al Rey, y lo que no puede hacer un ministro, ostente la cartera que sea, es intentar embarrar el prestigio de las Fuerzas de Seguridad".
En esta línea, califican estas manifestaciones de "injustas, tóxicas o carentes de veracidad" y piden tanto al Gobierno como a los partidos políticos que "dejen de lado a las Fuerzas de Seguridad del Estado en sus guerras políticas. Poner en tela de juicio el funcionamiento democrático y la neutralidad política de la Guardia Civil, de la Policía Nacional e incluso de las Fuerzas Armadas, daña considerablemente a las instituciones del Estado".
La Asociación de Cabos de la Guardia Civil (APC) mantiene que los agentes "no quieren estar permanentemente manoseados ni por los unos ni por los otros" y creen que hay un problema "cuando aviesamente se falta el respeto a la Guardia Civil, y sin ningún rigor, sin ningún criterio objetivo, sin reparar en la transcendencia de lo dicho, se afirma campanuda y alegremente, como las afirmaciones de barra de bar después de trasegar hasta el agua de los floreros, que hay una parte de guardias civiles que tienen como objetivo subvertir el orden establecido".
"Quien pueda afirmar tal sentimiento es que no conoce, ni de lejos, a la Guardia Civil. Los guardias civiles tienen como marco de actuación el marco constitucional. Además, todos los guardias civiles juraron o prometieron por su conciencia y honor "guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado", entregando, si preciso fuere, su propia vida", añaden desde esta asociación profesional.
Desde la Policía, el sentimiento es similar. La Confederación Española de Policía (CEP) pide la dimisión de Garzón y consideran que este tipo de acusaciones son "un escándalo" y "una canallada" que mancha la imagen de la institución, sobre todo después de que un importante número de policías hayan perdido la vida por luchar contra el terrorismo en defensa de la democracia.