La Fiscalía rebajará su acusación contra Trapero de rebelión a sedición o desobediencia, que ni siquiera implica prisión

La Fiscalía de la Audiencia Nacional rebajará mañana su acusación de rebelión contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, José Luis Trapero, a posibles delitos de sedición o desobediencia, que connlleva multa e inhabilitación, pero no implica prisión, según confirman fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital.

El Ministerio Público elevará este lunes a definitiva la acusación durante el juicio contra Trapero que se reanuda tras la pandemia de la covid-19. La Sección Primera de la Sala de lo Penal ha señalado para mañana y los días 15, 16 y 17 de junio la continuación del juicio a Trapero; al exsecretario general de Interior de la Generalidad, César Puig; al exdirector de Mossos, Pere Soler y a la intendente del Cuerpo, Teresa Laplana.

Este lunes está previsto que se anuncien las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal, el día 15 las conclusiones de las defensas y el informe del Ministerio Fiscal y los días 16 y 17 los informes de las defensas y la última palabra. El juicio contra el mayor de los mossos comenzó el 20 de enero y se suspendió el 13 de marzo por el estado de alarma decretado por el Gobierno por el coronavirus.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, será el encargado de anunciar en la vista oral la petición de sedición o subsidiariamente de desobediencia. Una decisión tomada hace meses, tras la llegada de la nueva fiscal general del Estado, Dolores Delgado, teniendo en cuenta la condena por sedición contra los líderes golpistas del 1-O en el Tribunal Supremo.

El fiscal Carballo aseguró durante la primera sesión del juicio que, en el momento procesal oportuno, modificaría la acusación provisional porque "la Fiscalía de la Audiencia Nacional es consciente de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre".

Además de rebajar, la acusación a sedición, la Fiscalía abrirá la puerta a una calificación alternativa de los hechos delictivos del 1-O, al considerarlos desobediencia. Dicho delito recogido en el artículo 410 del Código Penal se refiere "a las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior".

Trapero era el máximo responsable de los Mossos d'Esquadra cuando se celebró la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017. Un referéndum que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña TSJC. Cuando el juicio quede visto para sentencia, la Sección Penal Primera de la Audiencia Nacional tendrá en sus manos el futuro de Trapero. Prisión o inhabilitación como mosso.

La declaración de Trapero en el juicio

Durante su declaración del pasado 20 de enero mientras era interrogado por el fiscal Miguel Ángel Carballo, José Luis Trapero aseguró que "siempre pensamos que el 1-O habría resistencia pacífica. Era inimaginable cómo la gente defendía las urnas, pero no era violencia".

Según Trapero, "el binomio no es la respuesta de los Mossos para impedir el referéndum. Es una parte del dispositivo que se había planificado de manera conjunta entre los tres cuerpos de seguridad". "Se sacaron 800 efectivos hasta de debajo de las piedras. El del 1-O es el mayor esfuerzo que habían hecho nunca los Mossos. Para el referéndum había unos 7.850 agentes en el territorio y más de 3.000 en las comisarías. Los agentes hicieron más de 90.000 horas".

Además, Trapero negaba que los Mossos espiaran o realizaran seguimientos a la Policía Nacional o la Guardia Civil durante el 1-O y en los días previos: "Como muchas cosas que aparecen en esta causa, están fundamentadas en confusión y no en otra cosa".