Convergencia maniobra para ahorrarse el pago de los 6 millones del caso Palau

El partido creado por Jordi Pujol en 1974 y del que salieron Artur Mas y Carles Puigdemont, presentó este jueves un concurso de acreedores en el juzgado mercantil 9 de Barcelona. Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) alega una deuda de 4,3 millones de euros con su patrimonio comprometido por el pasivo hipotecario y el embargo de sus sedes por la sentencia del "caso Palau" en virtud de la cual habría de pagar seis millones de euros que pretende ahorrarse.

La sentencia considera probado que el partido se financió de manera ilegal y obtuvo un mínimo de seis millones de euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obras. Tal cantidad sólo representa una ínfima parte del denominado sistema del 3%, el cobro generalizado de comisiones a cambio de contratos de servicios y obras públicas que instauró el partido tanto en el plano autonómico como en el municipal.

Ahora, los nacionalistas aspiran a que Convergencia se diluya sin graves contratiempos y con un concurso de acreedores en el que reconocen deber por créditos electorales 2,1 millones a Caixabank, 1,5 millones al Banco de Sabadell y el resto al Banco Popular, ahora Santander.

El pasado enero el partido presentó el preconcurso de acreedores e inició los trámites judiciales para su disolución, interrumpidos hasta este jueves por la paralización de la actividad judicial a causa del coronavirus.

La intención del abogado del partido, Francesc Sánchez, es hacer frente a la deuda con los cuarenta locales propiedad de la formación, casi todos hipotecados y en su mayoría embargados. También se aspira a eludir el pago de los seis millones de euros por la sentencia del "caso Palau". El partido PDeCAT y la candidatura Junts per Catalunya se reivindican como formaciones herederas de Convergencia pero sólo asumen el legado político y se consideran al margen de la corrupción institucionalizada.