Torra cumple dos años al frente de la Generalidad: violencia separatista y cesiones de Sánchez

Quim Torra cumple dos años al frente de la Generalidad, un tiempo marcado por el propósito de mantener viva la llama del levantamiento del 1 de octubre de 2017. El proceso separatista es el principio y el final de la acción del gobierno de Torra, teledirigido desde Waterloo y desde la prisión de Lledoners por los dos hombres fuertes de la política catalana, un prófugo y un preso al que sus acólitos rinden pleitesía. Carles Puigdemont y el líder republicano Oriol Junqueras tratan de sostener el timón de mando en medio de un indisimulada bronca entre sus respectivas formaciones.

Torra accedió al cargo de presidente de la Generalidad el 2 de junio de 2018, tras unos tumultuosos meses en los que una parte del separatismo trató primero de investir a Puigdemont y después a los presos Jordi Turull y Jordi Sánchez. Marco legal al margen, en Junts per Catalunya (JxCat), la lista de Puigdemont, cargan sobre ERC la culpa de que el independentismo no lograra continuar con su desafío al Estado desde las instituciones autonómicas y recurren incluso a la pandemia del coronavirus para insistir en la tesis de que una presidencia telemática era perfectamente factible. Los republicanos se defienden con una apelación al pragmatismo. Entienden que había que reiniciar la Generalidad y dejar atrás el artículo 155 de la Constitución, que dejaría de tener efectos con la toma de posesión de Torra, episodio paralelo a la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno.

Designado Torra tras las turbulencias parlamentarias protagonizadas por Puigdemont y los presos Turull y Sànchez, el "vicario" del prófugo aún intentó un golpe de mano, el de restituir en sus cargos a los consejeros fugados y presos, maniobra estética de escaso recorrido que sirvió además para poner de manifiesto las virtudes del 155, toda vez que Mariano Rajoy, aún presidente del Gobierno, recurrió a esa herramienta constitucional para tumbar el intento de Govern de Torra. Los presos no podían ser consejeros de la Generalidad y menos aún los fugados. Si quería ser el supuesto 131 presidente de la Generalidad, Torra debía enviar a Moncloa otro listado de gobierno sin reos ni fugitivos.

El gobierno catalán "verdadero"

A pesar de todo, Torra y su equipo de gobierno trataron de dar la impresión de que se resistían a las imposiciones legales, que atribuían al abstracto "Madrit". El primer paso tanto Torra como sus consejeros fue viajar a Bélgica o desplazarse a las cárceles para formalizar una especie de traspaso de carteras combinado con un juramento de lealtad a los "verdaderos" miembros del gobierno catalán. Los medios públicos catalanes y los subvencionados afectos a la "causa" mantenían el trato de presidente y consejero para los huidos y presos tras el golpe de Estado separatista.

Desde los primeros momentos se pudo percibir con toda claridad que la etapa Torra estaría marcada por lo simbólico. La acción de gobierno no le interesaba lo más mínimo. Tampoco a sus consejeros, ya fueran de JxCat o de ERC. La marcha de Nissan se achaca ahora a esa desidia del ejecutivo catalán por el día a día y la economía. El objetivo era sostener la agenda "soberanista" y reconstruir la Generalidad post 155. También era preciso alimentar la tupida red social separatista, de modo que uno de los primeros gestos de Torra fue declararse presidente de los Comités de Defensa de la República (CDR) y presumir de que toda su familia militaba en los infaustos CDR. Después vendría la cita a la vía eslovena.

Una de las primeras citas en al agenda de Pedro Sánchez fue una visita de Torra a la Moncloa. El presidente del Gobierno pretendía "desescalar" la tensión con Cataluña y proceder a una suerte de deshielo. Torra se presentó con el lazo amarillo, un símbolo golpista con el que los separatistas pretenden demostrar que sus condenados por sedición y malversación son presos políticos, y un programa de máximos. A pesar de la derrota que supuso el 155, el independentismo no renunciaba ni a la autodeterminación ni a la unilateralidad.

La declaración de Pedralbes

Eso mismo quedó también claro en la reunión de Pedralbes, en Barcelona, celebrada en diciembre de 2018. De la dura experiencia de octubre de 2017, cuando el separatismo no pudo hacer efectiva su república, se pasaba a una situación en la que la delegación catalana conseguía una primera victoria al suprimir de la declaración de Pedralbes el término Constitución por el de "seguridad jurídica". Y no era la única concesión, toda vez que se hablaba de un mediador o relator, la "desfranquización" de España y la constitución de una mesa de partidos.

La celebración del juicio en el Tribunal Supremo a parte de los autores del golpe de Estado separatista puso fin a las negociaciones. El gobierno catalán no quería participar en ninguna mesa mientras se desarrollaba la vista. JxCat y ERC rivalizaban por aparentar más separatismo que el rival. La vista se alargó casi hasta el verano y después de tres meses, el 14 de octubre, se había pública la sentencia, entre doce y nueve años por sedición y malversación. Los magistrados optaban por seguir las directrices del Gobierno, que obligó a la abogacía del Estado a cambiar rebelión por sedición con la consiguiente rebaja de penas.

Oleada de violencia

La sentencia dio paso a una oleada de violencia callejera que no fue precisamente desalentada por el gobierno catalán y los líderes separatistas, que prefirieron decir que comprendían el estallido social antes que condenar la violencia. El separatismo exhibía músculo violento en la calle con ataques a la Policía, barricadas, incendios, cortes de carreteras, asaltos a infraestructuras como el aeropuerto de El Prat y toda clase de desmanes.

Tras las elecciones de noviembre, la respuesta de Sánchez fue garantizarse el apoyo de ERC para su investidura a cambio de retomar la "mesa de diálogo" abandonada por el juicio. El pasado 6 de febrero, Sánchez acudía al palacio de la Generalidad para inaugurar la nueva fase, interrumpida por la irrupción del coronavirus.

Torra quiere continuar al frente de la Generalidad tras haber amagado con convocar elecciones en enero al dar por rota la relación con ERC. Está pendiente de que el Supremo confirme su inhabilitación por desobediencia, pero cree que eso no será impedimento para mantenerse en el cargo a base de recursos de su abogado, el ínclito Gonzalo Boye, condenado en su día a catorce años de cárcel por colaboración con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla.

Después de dos años, una de las principales gestiones del Govern ha sido la de consolidar la relación del separatismo catalán con terroristas como Arnaldo Otegi, convertidos en referentes del independentismo "democrático" y definidos como "hombres de paz" en TV3 y "Catalunya Ràdio". El Govern presume, eso sí, de haber logrado aprobar unos presupuestos autonómicos (los últimos databan de 2017), pero han quedado obsoletos por la pandemia.