La titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la manifestación del 8-M en plena crisis de la covid-19 ha asegurado que es "sorprendente" que la Abogacía del Estado necesite tiempo para preparar la declaración como investigado del delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco.
La magistrada responde con ironía los ataques de la Abogacía en su recurso presentado ayer contra la investigación ante la Audiencia Provincial de Madrid. El escrito firmado por la abogada del Estado, Rosa María Seoane, acusaba a Rodríguez-Medel de abrir una "causa general" contra el Gobierno y una "investigación prospectiva".
La providencia de la magistrada en la que acuerda trasladar la declaración de Franco del 5 al 10 de junio, tras la petición de la Abogacía del Estado, la magistrada señala que "en relación con las declaraciones (del investigado sr. Franco y de los testigos) señaladas ante este órgano judicial para el día 5 de junio de 2020, sin perjuicio de destacar que resulta sorprendente la alegación de la Abogacía del Estado relativa a que necesita tiempo para instruirse".
"Tal y como consta en autos", añade la juez, "se le notificó que quedaban las actuaciones a su disposición para realizar la correspondiente copia de la documentación aportada tanto el 21 de abril como el 21 de mayo no siendo hasta que se ha ordenado por resolución judicial que comparezca el 26 de mayo que efectivamente ha comparecido la Abogacía del Estado para obtener copia, y sin perjuicio de poner de manifiesto también que dispone —desde esa fecha— de ocho días para el estudio de las actuaciones, a fin de favorecer la preparación de su defensa, se accede a retrasar las declaraciones al día 10 de junio".
En el mismo escrito, la magistrada señala que finalmente las declaraciones serán presenciales: "A la vista de la incidencia técnica habida en las declaraciones de la tarde del día de hoy con el sistema ZOOM (incidencia acaecida en las diligencias previas 2462/2019) a fin de evitar que problemas similares impliquen mayores retrasos en las declaraciones de la presente causa, se acuerda que, dada la imposibilidad de tener certeza de que la conexión telemática es posible, se practiquen de forma presencial, debiendo en consecuencia comparecer las partes y los testigos en esta sede judicial en el día y hora indicados".
Los ataques de la Abogacía a la magistrada
En el recurso de apelación destinado a la Audiencia Provincial de Madrid, la Abogacía del Estado acusaba ayer a la juez instructora de abrir un proceso contra el delegado del Gobierno en Madrid "con una celeridad inusitada, en modo alguno justificada por motivos jurídicos o procesales", que está causando "indefensión" a José Manuel Franco. Según el escrito, la Abogacía acusa a su vez a la magistrada abrir "una causa general" e iniciar una investigación de carácter "prospectivo".
El defensor jurídico del Gobierno de Pedro Sánchez también destacaba en el escrito la "sorprendente celeridad" de Rodríguez-Medel en admitir la trámite la denuncia de un particular en plena suspensión de todos los procedimientos judiciales no esenciales debido al estado de alarma decretado el 14 de marzo y reprocha a la instructora el incumplimiento del decreto de estado de alarma.
"Obviando" el decreto y "no existiendo urgencia ninguna ni siendo inaplazable", añadía el escrito, la juez recibió la denuncia el 20 de marzo y el 23 abrió las diligencias, encomendando a la Policía Judicial y al médico forense actuaciones que ella misma no consideraba perentorias. La Abogacía denuncia la supuesta "palmaria indefensión" de José Manuel Franco porque "la investigación se ha iniciado "sin que el denunciado, que materialmente es investigado, pueda defenderse por mor de esa suspensión del plazo para recurrir".