La titular del Juzgado de lo Social nº 1 de Madrid, Amaya Olivas, ha asegurado que las caceroladas que se están registrando en la calle Núñez de Balboa de la capital contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez de la pandemia de la covid-19 son inconstitucionales y que "el derecho a la protesta se erige para fortalecer a la democracia, no para derribarla".
En un artículo publicado el pasado jueves en la web laultimahora.es vinculada a Podemos y que dirige la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, esta juez de la asociación judicial "progresista" Juezas y jueces para la Democracia señala que la Delegación del Gobierno en Madrid desplegó el pasado 13 de mayo "un dispositivo en el barrio de Salamanca para evitar las sonoras caceroladas que, desde hace cuatro días consecutivos, llevan a cabo decenas de vecinos, sin guardar la distancia social exigida".
Según la juez de lo Social, "la policía identificó a 13 personas, indicando a los congregados que estaban incumpliendo el estado de alarma, y que, con ello, ponían en riesgo la salud de la población. Recordemos que las manifestaciones se tienen que comunicar, no autorizar, a las autoridades competentes, requisito que omitieron los protagonistas de estos desgraciados incidentes".
"Lo grave de las caceroladas acaecidas en los alrededores de la hermosa zona Núñez de Balboa", añadía, "es que no permite entrar en ninguna discusión jurídica. Estos señores se han situado al margen de nuestro texto fundamental: la Constitución Española".
"No solamente han obviado el derecho fundamental a la salud de la ciudadanía madrileña. Con su impúdica exhibición de banderas preconstitucionales, han olvidado que el derecho a la protesta se erige para fortalecer a la democracia, no para derribarla", concluye Amaya Olivas.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que aunque "dichas afirmaciones estén amparadas en la libertad de expresión, si se hiciera cargo de un asunto relacionado con el asunto referido se podría plantear su recusación, al haber tomado partido".
"Los jueces no pueden hacer manifestaciones políticas más allá de emitir su voto personal. Así lo dice la Ley del Poder Judicial. Parte de la premisa de que se quiere derribar la democracia, luego parte de un prejuicio que le hace perder la imparcialidad", aseguran las mismas fuentes.
"En España ha habido y hay tortura y maltrato policial"
La titular del Juzgado de lo Social nº 1 de Madrid, Amaya Olivas, aseguró "la existencia de torturas en España" en un medio de comunicación digital en junio de 2016.
Según la juez, "la gente desconoce que el Estado español ha sido condenado ocho veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar de forma adecuada este tipo de denuncias. Esto ocurre porque es un fenómeno históricamente silenciado en España y que ha sido deliberadamente ocultado por el poder gracias a las estrategias inmersas en el secreto y el oscurantismo".
"Es gravísimo", añadía, "que las instituciones sigan con la intención de ocultar el fenómeno de la tortura y perseguir a aquellas personas que están intentando cuestionar al poder. Deberíamos ser más sensibles con estos temas y estar más vigilantes con la labor policial. Hay una falta de cultura de derechos humanos en toda la sociedad, de la que la judicatura no está exenta. Ha habido una transición, pero fue democráticamente débil y quizás donde menos se notaron sus efectos fue en el poder judicial".
"En España ha habido y hay tortura y maltrato policial. No se puede afirmar que sea un fenómeno generalizado como lo era en la dictadura franquista, pero sí es una realidad. Es la forma más vil de violencia institucional y no debe gozar de ningún nivel de tolerancia. Por eso entiendo que, sobre todo, es responsabilidad del poder judicial actuar de forma contundente para impedir que se produzca e identificar a los responsables cuando los hechos estén constatados", concluía.