La Fiscalía del Tribunal Supremo no considera que existan argumentos suficientes en la demanda presentada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) para acusar al Gobierno de "inactividad" a la hora de dotar de Equipos de Protección Individual (EPI) a los sanitarios para luchar contra la pandemia de la covid-19. El Ministerio Público no pide el archivo total del caso y se muestra favorable a la continuación del procedimiento para obtener una resolución de fondo.
En un escrito de 35 páginas, la Fiscalía señala que "más allá del hecho notorio de que los profesionales sanitarios no han contado, sobre todo en los primeros momentos de la crisis, con todos los recursos que necesitaban para hacer frente a la situación sobrevenida por la epidemia de la covid-19, este Ministerio entiende que, no es posible hallar en este momento procesal acreditación bastante de que esa situación se deba, de manera objetiva, primordial y determinante, en acreditada relación de causa-efecto, a un concreto e identificable incumplimiento (o incumplimientos) por la Administración de su obligación de adoptar medidas dirigidas a garantizar la posibilidad de determinar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales para combatir la epidemia de covid-19".
"No alcanza esta Fiscalía a comprender el valor suasorio ni probatorio que a los efectos de tal pretensión pueda tener la aportación de donaciones particulares. Evidentemente su existencia no es demostrativa de la inacción o insuficiencia de la labor de la Administración, del mismo modo que no es incompatible con ella", añade el escrito.
Según el fiscal, la eficaz tutela de los derechos fundamentales invocados en la demanda, entre ellos el derecho a la integridad física del personal sanitario (artículo 15 de la Constitución), "exige completar la valoración de los hechos enjuiciados mediante el conocimiento pleno de la información que, antes de la terminación del proceso, pueda aportarse a la Sala".
Por ello, la Fiscalía solicita el examen de la documentación que aporte la Administración requerida en virtud de lo dispuesto por el propio tribunal el pasado 20 de abril, cuando aceptó parcialmente las medidas cautelares solicitadas por los médicos y requirió al Ministerio de Sanidad la adopción "de todas las medidas a su alcance para que tenga lugar efectivamente la mejor distribución de los medios de protección de los profesionales sanitarios".
El Supremo ya exigió en esa misma resolución ser informado quincenalmente de las medidas adoptadas para el efectivo cumplimiento de esta orden, una documentación que la Fiscalía pide que sea analizada antes de efectuar sus conclusiones sobre este asunto.