Once abogados de la plataforma El Día Después han presentado una querella en el Tribunal Supremo en nombre de 116 familias contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto del Consejo de Ministros del PSOE y Podemos por delito de homicidio por imprudencia grave en la gestión de la pandemia de la covid-19.
Según las querella de 30 páginas, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, Sánchez y sus 22 ministros serían "presuntos responsables, criminalmente, de 116 delitos de homicidio por imprudencia grave (pena de cárcel de 1 a 4 años y en su grado superior de 4 a 6 años por cada homicidio) de los artículos 142.1 y 142 bis del Código Penal, y cualesquiera otros que se deriven del conocimiento de la instrucción de la causa, al haber permitido por acción o por omisión, como se glosará infra, que la extensión de la pandemia, y el virus Sars-Cov-2, hayan acabado con la vida de los 116 familiares de mis poderdantes". Entre los letrados que han presentado la querella se encuentra José Ignacio Sánchez Rubio.
El 11 de marzo la OMS declaró la pandemia y "a pesar de todo ello, el Gobierno español continuó en su actitud pasiva y sin adoptar medida alguna hasta el 14 de marzo de 2020, en que dictó el Real Decreto por el que establecía el Estado de Alarma. Ya hacía un mes y medio que la propia OMS había declarado el estado de Emergencia de salud pública de importancia internacional, sin que el Gobierno español le prestara la más mínima atención".
"Tan sólo 6 días antes", añade, "los propios miembros del gobierno animaban activamente a acudir a la manifestación del 8-M, con declaraciones por ejemplo de Carmen Calvo animando para acudir a las manifestaciones feministas del 8 de marzo en la celebración del día de la mujer, porque 'le va la vida, nos va la vida….' una declaración imprudente que ahora deviene siniestra".
Según la querella, "resulta inconcebible que, en apenas una semana, tan sólo 6 días después del 8-M, se pasara de poder hacer una vida normal, sin ningún tipo de restricciones, a la declaración del estado de alarma que incluye una situación extrema de confinamiento de la población en sus casas, con prohibición de desplazamientos excepto para determinadas actividades calificadas como esenciales y con medidas muy restrictivas y de exhaustivo control policial".
"Cuando el día 14 de marzo, el Gobierno estableció el estado de alarma, tampoco adoptó las necesarias medidas de protección del personal sanitario, fuerzas de seguridad del estado y otros agentes implicados en la protección y la sanación de las personas afectadas, hasta el punto de que se produjo una escalada brutal de contagios y fallecimientos, que ha situado a España, a pesar de poseer uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, según manifestaciones públicas de los propios querellados, a la cabeza mundial del número de víctimas mortales y contagiados en proporción al número de habitantes, y también a la cabeza mundial en cuanto a número de profesionales sanitarios contagiados", apunta el escrito.
"Y todo ello se debe, ni más ni menos, a la irresponsable y negligente inacción y actuación tardía y nefasta de los querellados en la gestión de esta crisis sanitaria que, amén de tardía, ha estado continuamente trufada de decisiones y ordenes verbales, contradictorias con las medidas previstas para el freno de los contagios, lo que a su vez ha contribuido de manera poderosa al desproporcionado incremento del número de víctimas que, posiblemente, se contagiaron en los propios centros sanitarios, en los que se produjeron dantescas escenas de hacinamiento de enfermos, creándose así un escenario perfecto para la propagación del virus", apunta la querella.
"Lo que resulta aún de una mayor gravedad en la conducta de los querellados es que, aparentemente, se ha utilizado esta epidemia para gestionar adquisiciones fraudulentas de material sanitario de utilización en el diagnóstico de la enfermedad (test), material de prevención de contagio y protección de las personas implicadas (mascarillas), favoreciendo presuntamente el enriquecimiento de entidades o personas relacionadas con el gobierno o los partidos políticos a los que pertenecen los querellados, anteponiendo no solo la ideología política sino también el ánimo de lucro a la salvación de vidas humanas", concluye.
Diligencias de investigación solicitadas
Entre las diligencias de investigación solicitadas, se requiere a la ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, que en el plazo de quince días naturales, remita al Supremo una copia de las deliberaciones y acuerdos del Consejo de Ministros, celebrados entre el 13 de enero y el 26 de abril, que tengan alguna relación con la covid-19. También la copia de todos los informes y documentos de todo tipo que hayan sido recepcionados por el Consejo de Ministros.
También se reclama al Ministerio de Sanidad que remita la información de la pandemia de Coronavirus durante los días 7 y 8 de marzo, no publicados por su Ministerio, así como que facilite los datos de contagio y fallecidos durante esos días. A Fernando Simón, director desde 2012 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, se le requiere que remita toda la información relativa al seguimiento de la pandemia de la covid-19 desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha. Por último, se solicita expresamente que se dé traslado de este escrito a cada uno de los 23 querellados, citándoseles para que presten declaración como investigados.
¿Cómo se pueden sumar a la querella otros familiares?
En la elaboración de la querella han participado más de 80 letrados de toda España. Previsiblemente, se sumen en próximas fechas hasta un total de 3.268 familiares que han perdido a sus seres queridos por la covid-19 y que ya están en contacto con la plataforma. Para unirse a dicha querella, los afectados pueden enviar un correo electrónico a la dirección victimas@despues.info adjuntando copia del certificado médico, copia del DNI del familiar querellante, dirección de familiar y teléfono contacto.