La nota sobre el caso Villarejo difundida este martes por la Fiscalía Anticorrupción ha causado el estupor entre los propios fiscales tras asegurar que tras la aprobación del decreto del Ministerio de Justicia sobre la covid-19 y reiniciarse los plazos de instrucción, los investigados podrán "acreditar su inocencia o la disminución de su culpabilidad".
Según las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, la redacción de la nota de la Fiscalía "pisotea la presunción de inocencia. Los investigados no deben demostrar su inocencia en un proceso judicial, las acusaciones son las que deben demostrar la supuesta culpabilidad del investigado. Se presupone con esta nota que los investigados son de entrada culpables y que deben demostrar su inocencia a lo largo de la instrucción".
Reproducimos textualmente el polémico párrafo:
Tras el período de suspensión de plazos y términos procesales derivados de la declaración del estado de alarma, el reciente Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, acuerda el reinicio del cómputo de los plazos de instrucción con la finalidad de proporcionar seguridad jurídica y procurar una salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos. Esta norma, respetuosa con la jurisprudencia constitucional y los derechos consagrados en los artículos 24 de la Constitución española y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, disipa la incertidumbre de las personas investigadas a fin de que puedan acreditar su inocencia o la disminución de su culpabilidad en los plazos legalmente previstos para la investigación judicial.
Las mismas fuentes consultadas por este diario denuncian que la afirmación del Ministerio Público contenida en el comunicado de ser cierta vulneraría el artículo 24 de la Constitución Española que recoge la citada presunción de inocencia. Dicho artículo señala que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".
"Asimismo", indica este artículo de la Constitución, "todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia".
Recordamos que la propia Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, fue salpicada por el caso Villarejo cuando salieron a la luz los audios de una comida con Baltasar Garzón y con varios mandos policiales mantenida en el año 2009 a la que asistió el comisario José Villarejo. En las grabaciones de esa comida, Delgado llamó "maricón" a Fernando Grande-Marlaska. Además, mientras Villarejo reconocía en dichas grabaciones haber creado una "agencia de modelos" para sonsacar "información vaginal" a políticos, "gente importante" e integrantes de consejos de administración. Delgado respondía: "Éxito garantizado".
Anticorrupción da por cerrada la investigación
La nota difundida por la Fiscalía Anticorrupción anunciaba que el Ministerio Público había solicitado al Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional la conclusión de la instrucción de dos de las piezas separadas del caso Villarejo (Operación Tándem).
En la pieza 'Iron', Anticorrupción pide la conclusión de la investigación y que el Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerde auto de transformación en procedimiento abreviado contra 14 imputados, incluido el propio Villarejo, además de contra una persona jurídica, por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.
Sobre la pieza 'Land', los fiscales del caso han dirigido otro escrito al magistrado instructor en el que piden también el pase a procedimiento abreviado de esta instrucción para dirigir la acusación contra siete investigados y otras tres personas jurídicas por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.