Los expertos consultados por Libertad Digital vaticinan que las causas en los Juzgados de lo Mercantil se dispararán un 130% por la crisis del coronavirus. Esta semana, el Gobierno aprobaba en el Consejo de Ministros el decreto del Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo sobre "medidas procesales y organizativas para hacer frente a la covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia".
Según los expertos consultados por este diario, "estamos ante una crisis sanitaria y por tanto ante una crisis que es previsible genere una 'avalancha' o 'tsunami' de asuntos ingresados en los distintos órdenes en un espacio muy corto de tiempo. Al tratarse de una crisis sanitaria con medidas restrictivas a la libertad de movimiento de las personas hay que analizar la Planta Judicial para ver cómo se adecua a esa avalancha en un entorno de confinamiento. Así como contemplar la propia estructura de las distintas sedes judiciales a los efectos de poder mantener las distancias de seguridad que las autoridades sanitarias aconsejan".
En la Jurisdicción social las causas que se acumulen serán fundamentalmente despidos, ERE, ERTE, y procedimientos de Seguridad Social. Mientras, en la Jurisdicción Contenciosa reclamaciones frente a sanciones impuestas por el confinamiento, pero también reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración y reclamaciones de personal sanitario y funcionarios que han participado activamente en el estado de alarma.
En el orden Civil, nos encontraremos con concursos de acreedores competencia de los Juzgados de lo Mercantil y eventualmente de persona física competencia de los de Primera Instancia; pero también reclamaciones de impagos, desahucios y reclamaciones en materia de consumo, por un lado y de familia por otro. Finalmente, en el orden Penal también se espera un aluvión de causa, y ya que conforme a los servicios esenciales sólo se están celebrando causas con preso, y juicios rápidos de violencia doméstica.
"El PIB español cayó 2´7 y 4´7 puntos porcentuales en el binomio 2008 y 2009, es decir un descenso acumulado de 7´4 puntos porcentuales del PIB en dos años. En la actual crisis, las previsiones apuntan a una pérdida de 10 puntos porcentuales cuando las previsiones iniciales estimaban un crecimiento del entorno del 2% lo que significa que la actual crisis sanitaria va a hacer caer el PIB 10 puntos respecto al año anterior", aseguran.
Los expertos sostienen también que "si en el binomio 2008-2009 con una caída de 7´4 puntos porcentuales del PIB se produjo un incremento del 40% y del 100% en los asuntos ingresados en la jurisdicción social y en los juzgados de lo mercantil, con una caída de diez puntos porcentuales del PIB, los asuntos que ingresarán en el orden jurisdiccional social se incrementaran previsiblemente hasta un 50% y los que afectan a los juzgados de lo mercantil crecerán previsiblemente un 130%".
Estimación de causas por Juzgado
Según estas estimaciones, "en España hay 718 Juzgados de Primera Instancia y más 68 de lo Mercantil. Estos últimos vieron como en el 2018 los asuntos ingresados superaban los 73.000. La regla de tres en sencilla. Sí hay 68 Juzgados de lo Mercantil y 73.000 asuntos cada juzgado debe conocer de 1.073 asuntos. Si esa cifra se incrementa un 130% significa que deberán conocer más de 2.100 asuntos por juzgado".
"Por lo que se refiere al orden Social destacar que hay 350 órganos unipersonales para 406.000 asuntos ingresados en el 2018 lo que supone una ratio de 1.150 asuntos por juzgado. Sí esta cifra se incrementa un 50%, cada juzgado deberá conocer 1.700 asuntos", concluyen.
Un decreto sin presupuesto, ni recursos
Desde algunos sindicatos judiciales, reclaman medios humanos y presupuesto para desarrollar el decreto del Ministerio de Justicia sobre la crisis de la covid-19. CCOO sostiene que para poder ejecutar el decreto del Ministerio de Justicia es fundamental la contratación de personal interino para atender las necesidades que se produzcan derivadas de la Covid-19. "Hemos calculado que harán falta 600 magistrados y jueces y 5.000 funcionarios, con una contratación mínima de 6 meses".
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de Justicia STAJ afirma que "si se hubieran hecho las inversiones necesarias para modernizar la Justicia y digitalizarla convenientemente, las restricciones en el funcionamiento de esta Administración no hubieran tenido la magnitud y severidad que han alcanzado durante el Estado de Alarma, con los consiguientes perjuicios para el justiciable".