El Ministerio del Interior va a adaptar durante la próxima semana los controles policiales, cuyo objetivo es que se cumplan las restricciones de movimiento impuestas en el estado de alarma que ha provocado el coronavirus, a las fases de desescalamiento que estén en vigor en cada una de las provincias. Así lo ha anunciado este miércoles el titular de la cartera, Fernando Grande Marlaska, durante una comparecencia en el Palacio de La Moncloa.
"Para hacer frente al virus, la movilidad es determinante. El estado de alarma sigue en vigor. Las limitaciones al desplazamiento siguen en vigor. Para pasar de una fase a otra, la movilidad tiene que mantenerse en los parámetros que tenemos hoy. Adaptaremos nuestro despliegue al plan que ha sido diseñado por el Gobierno para mantener el control de la movilidad y el suministro de los servicios públicos", ha asegurado.
Marlaska ha advertido que "la desescalada va a exigir más disciplina que el confinamiento", ya que "estas etapas muchas veces exigen más disciplina". "No debemos engañarnos. Va a ser una etapa difícil. Podemos ver la salida, pero no podemos obviar el sacrificio que tenemos por delante", ha dicho, tras lo que ha advertido que los agentes de las Fuerzas de Seguridad van a ser "muy estrictos" a la hora de hacer cumplir las medidas en vigor en cada momento.
De hecho, ha adelantado que la Dirección General de Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil van a establecer controles específicos para evitar que los ciudadanos vayan de una provincia a otra, un movimiento que no estaría permitido hasta la fase 3 del plan del denominado como plan de desescalamiento. La multa, si algún ciudadano es sorprendido cometiendo esta infracción, será de 1.500 euros.
Marlaska también ha negado que las 800.000 sanciones que se han impuesto hasta ahora por parte de todos los cuerpos policiales sea una cifra elevada y ha querido dejar claro que "no son 800.000 ciudadanos" los multados, porque "hay muchos que reinciden". "Los agentes cuando interponen una denuncia están actuando por todos nosotros contra los insolidarios", ha añadido, para recordar que España "no es un estado policial" y se respetan los derechos.