Fernando Simón y otros 3 altos cargos del Ministerio de Sanidad han sido denunciados por la compra de mascarillas 'fake' para luchar contra la covid-19. La denuncia de estos hechos, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, se enmarca en la querella presentada la semana pasada por una víctima del coronavirus antes de fallecer.
La ampliación de la querella remitida al Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid por el letrado Francisco Javier Díaz Aparicio señala que "el Reino de España, con la participación de los querellados Pilar Aparicio, directora General de Salud Pública; Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias; María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios; Patricia Lacruz, titular de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios, adquirió para proteger al personal sanitario, al menos una partida de mascarillas".
"Las mascarillas", añade, "fueron pagadas, (31.291.547,08 euros), recibidas y distribuidas a distintas Comunidades Autónomas, entre ellas a la Comunidad de Madrid. Con posterioridad a su uso por el personal sanitario y en residencias de ancianos, pudo comprobarse que las mismas no se correspondían con sus especificaciones técnicas y que no eran eficaces como mascarillas FFP2".
Según la ampliación de la querella, "esto dio lugar en primer lugar a que el personal que las utilizó, creyéndose protegido sin estarlo, se contagiase de covid-19, transmitiendo a su vez la enfermedad a sus pacientes; y en segundo lugar a que se retiraran las no utilizadas y a que por la querellada Patricia Lacruz se requiriese a la empresa adjudicataria del contrato su reposición a la mayor brevedad posible. Sin embargo, pese a conocer los querellados que no eran eficaces, se permitió durante días que continuasen usándose".
"Los hechos relatados tienen encaje, al menos, en los tipos penales que se señalaban en el escrito de querella (delitos contra la salud pública, homicidio y lesiones imprudentes, y omisión del deber de perseguir los delitos). Y decimos que al menos porque se adivina también una falsedad que pudiera tener encaje en los artículos 362, 362 bis y ter", apunta el escrito.
"Además de lo anterior, debiendo ser decomisados los productos y los beneficios obtenidos, conforme al artículo 362 sexies, puede existir una prevaricación administrativa al devolverlos y no proceder contra los participantes en el fraude. Finalmente, (y al igual que con los test), es en Madrid Capital, calle de la Ribera, pabellón 10 de Ifema, donde se incautan al menos 60.000 de esas mascarillas fraudulentas, tal y como consta en la justificación de correos transcrita, lo que confiere la competencia territorial a este órgano jurisdiccional", concluye.
También ha sido denunciada la compra de test defectuosos
En la querella inicial presentada por el paciente de covid-19 horas antes de fallecer ya se denunciaba al responsable de la oficina centralizada de compras de productos sanitarios del Ministerio de Sanidad y al administrador de la entidad intermediaria en la compra de los test defectuosos para detectar el coronavirus, Interpharma S.A., y la propia empresa.
El escrito destacaba que el hecho de que "los test no se hicieran a tiempo y que algunos de los llevados a cabo arrojaran resultados erróneos, supuso si no un menoscabo de la integridad física y salud individual, sí un riesgo para la salud colectiva, puesto que no se redujo la transmisión del virus, sino que aumentó y, con ello, los contagios, ingresos hospitalarios o domiciliarios, las lesiones y en los casos más graves, la muerte a más de veinte mil personas".
"Además", añadía el escrito, "se pagó por un producto cuya descripción era fraudulenta por no corresponderse con lo que la descripción técnica marcaba, por lo que el Reino de España hizo una disposición de fondos víctima de un engaño, que además se ha dejado de perseguir".