El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha emitido este martes un comunicado en el que "desmiente rotundamente" la denuncia hecha pública el pasado fin de semana por la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIEN y de la que se hacía eco Libertad Digital este lunes.
Según Educación, el texto del proyecto de Ley "recoge el compromiso de dar respuesta a las necesidades de los alumnos con discapacidad, sea cual sea el tipo centro en el que se escolaricen".
Lo cierto, sin embargo, es que tal y como reconoce sorprendentemente la propia nota de prensa del departamento de Isabel Celáa, el Gobierno pretende que "en el plazo de diez años (…) centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".
Esto es de hecho lo que dice la disposición adicional cuarta del proyecto de Ley elaborado por Celáa y que sigue su tramitación en estos momentos y pese a la paralización del país. El sector afectado denuncia que el único resultado posible de que los centros públicos puedan admitir a este tipo de niños —lo que supondría una elevadísima inversión— sería que dejasen de asistir a los centros a los que asisten ahora —como es lógico sufragados en su mayor parte con dinero público—, con plena satisfacción de los afectados y sus familias.
El comunicado de Educación, de hecho, extrae otra frase de esa disposición adicional con la que pretende desmentir la denuncia de Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIÉN, pero que en realidad reafirma los temores de los afectados: "Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios".
Como se puede ver claramente lo que planea el Ministerio es que los centros de educación especial quedarán restringidos a aquellos alumnos que necesiten "una atención muy especializada", lo que supondría obviamente la desaparición de la mayor parte del sector por mucho que el Ministerio afirme que "es absolutamente falso que el Gobierno vaya a cerrar los centros de educación especial".
En el colmo de la hipocresía la nota de prensa dice también que desde Educación se "lamenta profundamente que se juegue con los sentimientos y expectativas de un colectivo tan vulnerable", un colectivo que ha tratado sin éxito de negociar esta ley siendo, efectivamente, el colectivo más afectado.
La ONU como excusa
La integración absoluta de todos los alumnos en los mismos centros, independientemente de su capacidad para seguir con normalidad los cursos al ritmo de todos los demás, es una vieja reivindicación de la izquierda, que ahora el departamento de Celáa justifica con menciones a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que habla en su artículo 24 de "un sistema de educación inclusivo a todos los niveles".
Sin embargo, esta misma Convención reconoce en otro de sus artículos, concretamente el 7.2, que "en todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del niño". Asimismo, los padres reclaman su derecho constitucional a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos.