Una víctima de covid-19 presenta una querella criminal contra Fernando Simón antes de fallecer

Una víctima de covid-19 horas antes de fallecer se ha querellado contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón; la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio; la directora de la Agencia Española del Medicamento, Mª Jesús Lamas; y la titular de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, por delitos contra la salud pública, homicidio y lesiones imprudentes, y omisión del deber de perseguir los delitos.

La querella de 32 páginas, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, era presentada por el letrado Francisco Javier Díaz Aparicio en los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla de Madrid y se extiende sobre el responsable de la oficina centralizada de compras de productos sanitarios del Ministerio de Sanidad y el administrador de la entidad intermediaria en la compra de los test defectuosos para detectar el coronavirus, Interpharma S.A., y la propia empresa.

El escrito destaca que el hecho de que "los test no se hicieran a tiempo y que algunos de los llevados a cabo arrojaran resultados erróneos, supuso si no un menoscabo de la integridad física y salud individual, sí un riesgo para la salud colectiva, puesto que no se redujo la transmisión del virus, sino que aumentó y, con ello, los contagios, ingresos hospitalarios o domiciliarios, las lesiones y en los casos más graves, la muerte a más de veinte mil personas". "Además", añade, "se pagó por un producto cuya descripción era fraudulenta por no corresponderse con lo que la descripción técnica marcaba, por lo que el Reino de España hizo una disposición de fondos víctima de un engaño, que además se ha dejado de perseguir".

El querellante ya fallecido "acudió al Hospital SSR Hestia el 13 de marzo de 2020 a realizarse una biopsia. Posteriormente, el día 20 regresó por encontrarse indispuesto como resultado de una patología previa, quedando ingresado. Al no disponer en los hospitales de test suficientes, los facultativos que allí trabajaban estaban expuestos a estar contagiados y ser transmisores de covid-19, lo que desgraciadamente conllevó a que él mismo resultase infectado".

"Dado que su pronóstico es catástrófico", apunta la querella, "y se le ha pronosticado un rápido fallecimiento, solicitó el alta y fue trasladado a su domicilio el día 15 de abril de 2020, donde tan sólo se halla a la espera del fatal desenlace que ponga fin a su recorrido vital".

"La crudeza de adelantar el conocimiento de la muerte permitiría redactar muchas líneas. Que el adelanto del fallecimiento se deba a un contagio por una mala gestión de los que gobiernan distintas administraciones, también. Y que el que la espera decida emprender acciones legales contra los responsables de la mala gestión sanitaria y del defectuoso aprovisionamiento de material sanitario daría para un tratado", destaca el escrito.

"A ello hemos de añadir que el calvario se ve agravado por la imposibilidad de otorgar ni un simple poder notarial, dado que los notarios no acuden a su domicilio ante el riesgo de ser contagiados, lo que convierte a esta querella en urgente a los simples efectos de su tramitación procesal pues hay pruebas que no pueden esperar al normal funcionamiento de la Administración de Justicia", concluye.

Diligencias de investigación solicitadas

Entre las diligencias solicitadas, se reclama la citación de las Consejerías de Sanidad de la Comunidad de Madrid y Cataluña como responsables civiles directos o subsidiarios; requerir a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios el expediente de la investigación realizada sobre el lote de test defectuosos adquiridos a la empresa Bioeasy; o requerir al médico forense un informe sobre la necesidad de practicar test por la pandemia del coronavirus y la relación entre su ausencia y las consecuencias lesivas para la salud.

También se solicita al Ministerio de Sanidad el contrato de adquisición de los test a Bioeasy con expresa indicación de si han efectuado pagos, en qué cuantía y a qué personas o entidades. Por último, se reclama la declaración en calidad de investigados de Fernando Simón y del resto de altos cargos de Sanidad. El querellante fallecido ordenó a sus herederos que sigan adelante con la acción penal si finalmente es admitida a trámite.