El Consejo General de Enfermería de España ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y varios cargos de su departamento; concretamente la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, la subdirectora general de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública, la subdirectora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Esta querella viene a sumarse a las diferentes actuaciones penales que han ido interponiendo varios Consejos Autonómicos y colegios provinciales de Enfermería de toda España, contra la gestión de las diferentes autoridades sanitarias provinciales y autonómicas, gobernadas por diversos partidos políticos: "Somos enfermeros y enfermeras y la única motivación que nos mueve es la salud de todos los profesionales sanitarios y la seguridad nuestros pacientes y de los ciudadanos en general, que están por encima de ideologías o partidos políticos", afirma rotundamente Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.
Un delito contra la seguridad de los trabajadores
En la querella presentada por las enfermeras se imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores (art. 316 del Código Penal), conforme al cual se castiga a quienes "con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física". La pena por este delito es de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
Asimismo, cabe destacar que también se imputan en la querella otros delitos que pueden haberse producido en relación con el anterior, como la imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte.
El origen de esta actuación judicial radica en un acuerdo adoptado hace semanas por la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería, por unanimidad, ante la falta de suficiente material de seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con covid-19 y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el posterior fallecimiento de varios de ellos. Así, dicha Comisión encargó a los servicios jurídicos del Consejo la puesta en marcha de las acciones penales para exigir las responsabilidades que procedieran a las autoridades sanitarias que están interviniendo en la gestión de la pandemia.
A tal fin, los expertos del Consejo General de Enfermería han llevado a cabo un extenso trabajo de investigación y de recopilación de información sobre los medios y materiales de protección de las enfermeras y enfermeros frente a la covid-19, señala el Consejo General de Enfermería de España en una nota.
"Gracias a toda esta investigación previa, se ha elaborado una querella extensa y contundente, que contiene más de 50 folios, y en la que se realiza un amplio relato de los hechos, acompañado de abundante documentación que explica cómo, conociendo el Gobierno y el Ministerio al menos desde finales de enero la existencia y el alcance de la gravedad del virus, no se pusieron en marcha las actuaciones necesarias para dotar a los profesionales sanitarios de los medios y materiales de protección necesarios, a lo que hay que añadir la entrega de materiales defectuosos (como mascarillas) o los test sin la fiabilidad suficiente".
Querellas contra Illa por las mascarillas fake
Por otra parte, dos son las querellas criminales que se están ultimando contra el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa por la compra y distribución de las mascarillas defectuosas Garry Galaxy. Sanidad adquirió 2,1 millones de mascarillas a este fabricante chino el 20 de marzo que, según publica este jueves El Mundo, no cuenta con licencia. Cientos de miles de ellas resultaron inservibles y pusieron en riesgo a los profesionales sanitarios. Y es que además, y según también este diario, el ministerio no las retiró hasta los cinco días de saber que no estaban homologadas, contradiciendo en este punto a lo dicho por el propio Illa en rueda de prensa: el Gobierno evitó "que unas mascarillas que estaban en mal estado se usaran. Al primer aviso, se han retirado".
Así las cosas la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha acordado en reunión del Comité Ejecutivo, interponer una querella criminal "por la presunta comisión de delito contra los derechos de los trabajadores, tipificado en los artículos 316 y 317 del Código Penal", contra el ministro, y los demás corresponsables, ante el Tribunal Supremo.
"La distribución desde el Ministerio de Sanidad de una gran partida de mascarillas FPP2, de la marca Garry Galaxy, modelo N95, a distintos servicios de nuestro Sistema Nacional de Salud, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Esta circunstancia se ha visto agravada con posterioridad por la aparición de otras partidas de elementos de protección que tampoco están homologados", explica CESM en una nota de prensa.
Para CESM la gestión que de esta pandemia está realizando el departamento dirigido por Illa hace crecer de manera "profunda y creciente" su "preocupación" y provoca "máxima indignación, que exige soluciones inmediatas e información clara, transparente e indubitada por parte de las autoridades responsables", señalan.
Por otro lado, el sindicato mayoritario de las administraciones públicas, CSIF, está ultimando también su querella ante el Tribunal Supremo. En su caso se trata de una ampliación de la denuncia que ya presentaron contra el ministro de Sanidad por la gestión del coronavirus. "Entendimos que la OMS había avisado de manera reiterada durante el mes de enero sobre la necesidad de aprovisionarse de material" sanitario y de seguridad, explican a Libertad Digital fuentes del sindicato. "Y sin embargo no fue así y nos hemos encontrado con problemas de abastecimiento". "CSIF considera que la falta de previsión puede ser considerarse como delito contra los trabajadores por infringir normas en materia de prevención laboral, así como constituir un delito de lesiones y homicidio imprudente".
Este jueves se ha sabido que entre los nuevos casos confirmados hay 1.202 profesionales sanitarios más que la víspera, con lo que suman 34.355 desde el inicio de la pandemia, el 16,12% del total. "Y el número de fallecidos es inasumible e inaceptable desde cualquier punto de vista, lo que, junto con los datos que conocemos de la evolución de la pandemia en España, les deberían hacerse replantear la práctica totalidad de la gestión que están realizando al efecto", apuntan desde CESM.
CGCOM, como acusación particular
Además, el pasado día 19 el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ya anunció que acudiría como acusación particular en aquellos casos de contagio derivados del uso de estas mascarillas.
CGCOM calificó este hecho como "intolerable", que no solo genera "más desconfianza" en la acción del Gobierno, sino que se suma a la situación de "indefensión" a la que están sometidos los profesionales sanitarios.