El Consejo General del Poder Judicial CGPJ ha mostrado su "profundo malestar" por las críticas e insinuaciones de Pablo Iglesias sobre la justicia tras la pena de 19 meses de prisión impuesta a la líder de Podemos en Madrid, Isabel Serra. El TSJ de Madrid la condenaba ayer por delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños, tras agredir a una agente de Policía Municipal.
Tras conocer la condena contra Serra, Iglesias afirmó ayer en Twitter que "las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso". Iglesias insistía en dichas críticas este jueves en rueda de prensa.
La Comisión Permanente del CGPJ afirma que "desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, resulta imprescindible reafirmar una vez más que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho".
"El CGPJ", añade, "no puede por menos que expresar su profundo malestar respecto de unas declaraciones formuladas por un miembro del Gobierno de la Nación en las que no solo cuestiona una actuación judicial, sino que también propaga una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles, que según él otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serian impunes a la acción de la justicia".
El Gobierno de los jueces señala que "estas afirmaciones merecen un absoluto y rotundo rechazo, pues más allá del legítimo derecho a la crítica generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de Juzgados y Tribunales cuando es público, notorio y reconocido que éstos, a lo largo del tiempo, han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados, como no podía ser de otra manera por quienes han prometido o jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Prueba de ello son las numerosas sentencias condenatorias por delitos de corrupción dictadas por los tribunales españoles solo en los últimos años (Nóos, Gürtel, ERE, tarjetas black, etcétera)".
El CGPJ también destaca que de "la simple lectura la sentencia a la que hace referencia el vicepresidente segundo del Gobierno que ésta no condena en ningún caso un acto de protesta, sino los delitos de atentado, lesiones y daños que el tribunal ha considerado acreditados".
A continuación, sostiene que "sin otra consideración sobre el tono ciertamente inapropiado utilizado por un responsable político de la alta posición de un vicepresidente del Gobierno respecto del desempeño de otro poder del Estado, el Consejo General del Poder Judicial se ve en la obligación de apelar, de nuevo, a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial, más aún cuando se trata de pronunciamientos de miembros del Gobierno de la Nación en relación con actuaciones de los juzgados y tribunales".
El "llamamiento a la responsabilidad" del CGPJ
El Consejo General del Poder Judicial hace además "un llamamiento, especialmente a quienes ostentan cargos de responsabilidad del máximo nivel, a que no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos de un Estado de Derecho, recordándoles que la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial".
El comunicado del CGPJ ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Álvaro Cuesta, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Pilar Sepúlveda. El vocal Rafael Mozo ha votado en contra.