Grandes anuncios sin efectos prácticos, descoordinación entre consejerías y propaganda política. La Generalidad trata de aprovechar la emergencia sanitaria por el coronavirus para arremeter contra el Estado, objetivo prioritario de la acción política y administrativa de los dirigentes y gobernantes separatistas. El colapso del sistema sanitario, la sangría en las residencias de ancianos y su abandono por parte de la administración autonómica se tapan con el argumento de que el Estado ha centralizado competencias y que en una hipotética Cataluña independiente habría menos muertos por coronavirus.
La situación es ideal para los propagandistas de la república catalana, que aprovechan cada error, desliz o duda del Gobierno para imponer la agenda del odio a España con declaraciones tanto de consumo interno como dirigidas a medios internacionales. Al tiempo, los fallecimientos en las residencias de ancianos muestran las carencias de una administración volcada en la propaganda y sometida a la "guerra civil" entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC.
Los posconvergentes no han tenido ningún reparo en acusar a ERC de haber cometido un "crimen" en las residencias de mayores, toda vez que dichos centros dependían de la consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, en manos del consejero republicano Chakir El Homrani. La catastrófica gestión de El Homrani obligó a ERC a retirarle las competencias para pasárselas a la consejería de Salud, también de obediencia republicana con la consejera Alba Vergés. Bajo la mesa JxCat pidió la dimisión de El Homrani, pero ERC se negó en redondo.
El partido republicano ya tuvo que prescindir del consejero de Exteriores, Alfred Bosch, por ocultar las denuncias contra su segundo por acoso sexual y no estaba dispuesto a sacrificar a El Homrani, a pesar de su nefasto desempeño. La solución de urgencia fue el traspaso entre consejerías. La ausencia de la oposición (Cs y PP no han abierto la boca de momento en Cataluña) permitió a ERC solventar así el expediente.
Además de los problemas internos de ERC, la "guerra civil" entre posconvergentes y republicanos añade ruido a la gestión de un gobierno regional que plantea grandes iniciativas mientras tropieza en los planes más básicos. Así, Torra prometió la adqusición de catorce millones de mascarillas de alta protección para repartir la mitad gratis entre los catalanes y el anuncio se quedó en un millón de mascarillas quirúrgicas no reutilizables a pagar por las propias farmacias y cuyo reparto ha provocado la caída del sistema informático de la receta electrónica.
Dudas y recelos con el "pasaporte inmunitario"
Y a pesar del precedente de las farmacias provocado por las urgencias propagandísticas del separatismo, Torra insiste en sus grandes anuncios, entre ellos un plan de desconfinamiento que ha provocado otra crisis entre departamentos (Salud no está al corriente del proyecto del presidente de la Generalidad) y una discusión entre expertos. Oriol Mitjà, el médico promocionado por Torra como el Fernando Simón de la Generalidad, pretendía instaurar un "pasaporte inmunitario" que el doctor Oriol Trilla, jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínico de Barcelona, ha cuestionado por razones éticas, jurídicas y prácticas. En su opinión, si se implantará una solución como esa debería tener un carácter europeo "porque no puede ser que en Cataluña haya un pasaporte de esas características y en Francia o en el resto de España no".
Trilla también ha puesto en duda la capacidad de la Generalidad para llevar a cabo seis millones de pruebas serológicas, tal como plantea Mitjà, quien ha empezado a recular con lo del pasaporte porque según ha declarado en la radio de la Generalidad, "los expertos en bioética no nos dejan hablar de pasaporte y tenemos que hablar de acreditación inmunitaria".
Hay serias dudas sobre la capacidad de la Generalidad para llevar a cabo los planes de Mitjà entre otras razones porque su habilidad en los mercados extranjeros para comprar material sanitario es similar a la del ministerio de Sanidad.