La crisis sanitaria del coronavirus ha provocado una especie de cataclismo, de revolución, que ha obligado al Gobierno a establecer una serie de prioridades para focalizar los esfuerzos de tal forma que el país pueda superar esta situación. Ante la gravedad de los acontecimientos, la prioridad absoluta es garantizar y velar por la salud de la población. Las principales medidas que se han tomado tienen la intención de frenar los contagios y no colapsar el sistema sanitario nacional para poder atender a la ciudadanía con las máximas garantías y recursos.
La economía ha pasado, pues, a un segundo plano. Poco a poco los empleados vuelven a sus puestos de trabajo. Por supuesto que los trabajadores esenciales han seguido desarrollando su actividad durante los días más duros de la crisis. Ahora, se ha abierto el abanico, lo que podría suponer un repunte de contagios, pero, a su vez, ayudará a paliar los efectos de la crisis económica en la que va a desembocar esta crisis sanitaria.
Cómo afecta el coronavirus a la Justicia
El coronavirus ha instado al Gobierno a tomar medidas, también en el ámbito judicial. Y es que desde el pasado 13 de marzo, el Ejecutivo decretó un plan con el objetivo de paralizar la actividad judicial y disminuir así los riesgos de contagio, aunque se han mantenido unos servicios mínimos para cubrir las situaciones y los procesos de mayor gravedad.
La cuestión es que la Justicia, aunque se ralentice, nunca se detiene, puesto que los ciudadanos siguen teniendo que recurrir a ella para que defienda sus derechos. La población sigue necesitando de la ley y, por supuesto, del ejercicio de los abogados para que interceda por ellos en las causas judiciales habituales. Sin embargo, la crisis del coronavirus ha provocado la aparición de nuevas problemáticas judiciales relacionadas con el virus y sus consecuencias a nivel sanitario, social, laboral, etcétera. Esta pandemia está ocasionando una avalancha de perjuicios tales como negligencias médicas, despidos, regulaciones laborales, ya sean ERE o ERTE, procedimientos de la Seguridad Social, concursos de acreedores de empresas, impagos, órdenes y ejecuciones de desahucio, divorcios, separaciones, nulidades matrimoniales, procesos de filiación o presentación de recursos contra las posibles sanciones que hayan sido impuestas debido al quebrantamiento de las medidas implantadas durante el estado de alarma como, por ejemplo, la obligatoriedad de cumplir con el confinamiento.
Cabe destacar que se trata de un contexto que afecta a todo el territorio nacional, por lo que los abogados en Palma de Mallorca y en las Baleares seguirán teniendo mucha tarea por delante. Además, muchos de los casos planteables se pueden gestionar de manera telemática de forma rápida y eficaz.
Un despacho de abogados en Palma de Mallorca, al igual que en otros puntos de la geografía española, debe ofrecer soluciones a los problemas jurídicos de los ciudadanos, así como atender y resolver dudas y consultas que puedan surgir en relación con el derecho y, en especial, con aquellas que tengan que ver con las situaciones legales provocadas por el coronavirus.
El asesoramiento de un abogado penal, laboralista, inmobiliario… con reputación y experiencia resultará fundamental para que los procesos judiciales de los ciudadanos lleguen a buen puerto. Aunque una gran parte de la población lo piense, no solo es necesario acudir a un abogado cuando ya no hay marcha atrás. Un buen abogado también debe ayudar a prevenir los pleitos y a evitar que surjan problemas legales. Es su obligación informar a sus clientes de todo lo que afecte o pueda afectar a una situación que tenga que ver con su campo de acción, así como de la idoneidad de llevar el caso o no a los tribunales y, en el supuesto de acudir a ellos, establecer una estimación aproximada de las probabilidades de éxito y cuáles serían los costes del proceso.
El valor de la Justicia
La Justicia es un ente necesario en cualquier estado de derecho. Se trata de uno de los pilares sobre los que se asienta la democracia moderna. Impartir justicia es fundamental para que los ciudadanos puedan seguir adelante con sus vidas. Al fin y al cabo, impartir justicia es hacer que se cumpla y se respete aquello que la sociedad considera justo y bueno.
Lo ideal para la población es no tener que recurrir nunca a la Justicia. Por suerte, son muchas las personas que consiguen pasar la vida sin tener que hacer uso de ella o habiendo tenido que hacerlo de manera testimonial, por lo que, en estos casos, la Justicia es percibida por la sociedad como un ente invisible y no se le otorga el valor que realmente tiene. La prueba más fehaciente de esto es que los programas electorales de los partidos políticos no suelen detenerse a lanzar propuestas relativas a la justicia porque la justicia no da votos. Y es en el momento en el que nos vemos obligados a recurrir a ella en el que nos damos cuenta de su importancia.