El Ministerio del Interior ha remitido durante esta semana a las Delegaciones del Gobierno una "guía orientativa" para que se puedan unificar criterios a la hora de elegir la cuantía económica para una multa por saltarse el confinamiento decretado por la pandemia del coronavirus. El objetivo es poder facilitar el trabajo del personal de estos organismos, que a veces tienen dudas sobre qué penalización económica imponer.
Las Fuerzas de Seguridad no ponen las sanciones, como a veces se cree de forma errónea, sino que únicamente redactan una propuesta de sanción con un relato de los hechos que creen que son constitutivos de una multa. Son después los funcionarios de las Delegaciones del Gobierno los que con ese relato de los hechos deciden si debe poner o no la multa y, en el caso de que se ponga, qué cuantía debe tener.
El aumento excepcionalmente significativo de multas que ha provocado el estado de alarma, y que el ministro Fernando Grande Marlaska cifró en una de sus últimas comparecencias ante los medios de comunicación en 650.000, ha provocado que los funcionarios que deciden sobre estas sanciones tengan que trabajar a un ritmo muchísimo mayor que el habitual, lo que está propiciando que no pueden consultar sus dudas como en otras circunstancias.
Esta "guía orientativa", según califican desde Interior, que tiene una extensión de 13 páginas, recuerda las restricciones a la movilidad que están vigentes desde que se aprobó el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, incorpora un cuadro con qué cuantías económicas se podrían poner antes determinados hechos y recuerda, entre otras cosas, las causas por las que el ciudadano puede obtener un porcentaje de rebaja sobre la cuantía de la sanción.
Fuentes del departamento de Fernando Grande Marlaska recuerdan que esta guía sirve sobre todo cuando los funcionarios involucrados en el proceso de sanción consideran que el hecho punible llevado a cabo por el ciudadano merece de la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana —con sanciones de entre 601 euros y 10.400 euros— y que no es lo suficientemente grave como para que se le aplique el Código Penal.
Los criterios de graduación de las propuestas de sanción son las siguientes:
