Los últimos datos oficiales de la Generalidad cifran en 1.989 los fallecidos por coronavirus en residencias de ancianos, una cifra que data del 13 de abril y que ha sido proporcionada por los propios centros. Un día después, este martes, el departamento de Salud dejaba de dar datos sobre la situación en las residencias de ancianos y aseguraba que en la región han muerto por la enfermedad y hasta el momento un total de 3.756 personas. Así pues, la mortalidad en los centros de mayores supone más de la mitad de los fallecimientos en Cataluña.
A pesar de estas cifras, la única iniciativa que se ha llevado a cabo es traspasar las competencias del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, que dirige el republicano Chakir El Homrani, al de Salud, en manos de la también dirigente de ERC Alba Vergés. El Homrani ni se ha planteado dimitir. Juega a su favor que ni el PP ni Ciudadanos han hecho la más leve alusión al desastre en las residencias de ancianos. La crítica más dura procede de los socios de ERC en el Govern, Junts per Catalunya (JxCat), algunos de cuyos dirigentes han llegado a tachar la gestión de El Homrani de "crimen".
A pesar del traspaso de competencias entre departamentos la situación de las residencias de ancianos sigue siendo igual de desesperada. No llegan los test, se carece de equipos de protección individual, 5.690 trabajadores de estos centros presentan síntomas de coronavirus y están aislados, falta, en consecuencia, personal y los responsables de los centros piden una ayuda a la administración que no llega o es entorpecida cuando se trata de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
La Fiscalía ha tomado cartas en el asunto e investiga por supuestas negligencias, malos tratos y abandono a una decena de centros, la mitad por la vía penal. El modelo asistencial de la Generalidad ha caído en el mayor descrédito posible, pero la administración autonómica se niega a hacer autocrítica y trata de desviar la atención con supuestas polémicas como la de las 1.714.000 mascarillas enviadas por el Gobierno y en la que el consejero de Interior y destacados dirigentes de Junts per Catalunya como Puigdemont atisban la supuesta intención oculta del Ejecutivo de ofender a los catalanes.