Coronavirus: la número 2 de la consejería de Salud acusa al Estado de "querer muertos" en Cataluña

Nueva muestra de discurso del odio por parte de un alto cargo de la Generalidad, en concreto la secretaria general de la consejería de Salud, Laura Pelay. La número dos del departamento, que ejerció de consejera durante la baja por maternidad de Alba Vergés, ha emitido un tuit con el siguiente contenido: "No ha habido colapso, cierto. Porque el sistema de salud de Cataluña se ha multiplicado y preparado. Porque alguien lo ha liderado. Querían muertos. No quieren soluciones. Quieren carroña".

Se refería Pelay a un artículo publicado en el El Periódico de Cataluña que abordaba la polémica en torno a la presión sobre las unidades de cuidados intensivos en la región. El epidemiólogo de cabecera de Quim Torra, el doctor Oriol Mitjà, predijo primero el colapso del sistema para luego desdecirse. Sea como fuere, la número dos de Salud se atribuía para sí y Alba Vergés un supuesto mérito y cargaba tintas contra el enemigo exterior, el Estado.

Sin embargo, uno de los factores por lo que no se llegaron a saturar las unidades de cuidados intensivos fue por la instrucción de la consejería de Salud que instaba a los médicos del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) a realizar un triaje preventivo y recomendar a las familias de los mayores de ochenta años con pocas esperanzas de recuperación de que era mejor atender a estas personas en sus domicilios. "La muerte en casa es la mejor opción" aseguraba dicha instrucción.

Procedente de la UGT

Laura Pelay procede del sindicato UGT de Cataluña, volcado a favor del separatismo, y era una de las personas de confianza de José María Álvarez, en la actualidad secretario general de la organización a nivel nacional. Tras las elecciones de diciembre de 2017 se barajó su nombre para dirigir la consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, cargo que finalmente recayó en otro compañero de sindicato, Chakir El Homrani, quien tuvo que ceder las competencias en materia de atención a la tercera edad tras el colapso de las residencias de ancianos, en las que han muerto más de mil personas y cuyos responsables han denunciado el abandono por parte de la administración autonómica.