La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha admitido que la falta de equipos de protección individual, los llamados EPI, para luchar contra la pandemia del coronavirus es un "problema muy serio que en este momento, desborda, con mucho, a la específica Administración demandada, e incluso al país".
La Audiencia Nacional desestima en tres autos así las medidas cautelarísimas que habían solicitado el Sindicato Unificado de Policía SUP, la Confederación Española de Policía CEP y la Unión Federal del Policía UFP para obligar al Ministerio del Interior a entregar de forma urgente a los agentes desplegados por el estado de alarma las medidas de protección individual. Los magistrados subrayan el "esencial y valioso servicio" que los agentes están prestando a la ciudadanía, "en una situación particularmente difícil".
Los tres recurrentes habían solicitado la adopción de la medida sin escuchar a la parte contraria (inaudita parte), pero la Sala considera que se debían estudiar los argumentos del Ministerio de Interior, que a través de la Abogacía del Estado se había apuesto a la adopción de las medidas.
Los magistrados destacan que ya se están acometiendo las medidas para "intentar conseguir los medios necesarios y hacer efectiva la entrega". "A fecha de hoy no se dispone de los medios de protección individual necesarios y suficientes para que todos aquellos que deben seguir prestando sus servicios lo hagan con la debida protección, existiendo también problemas de abastecimiento de los test diagnósticos que determinan si una persona concreta se encuentra infectada del patógeno Covid-19", añade.
De este modo, considera el tribunal que el cauce procesal de exigir medidas cautelarísimas no es el "idóneo para reprochar las circunstancias de escasez y pedir las responsabilidades oportunas". "Podemos decir que unas medidas cautelares como las solicitadas nada aportarían en este escenario, porque el ministerio ya ha dispuesto la entrega de equipos y el cumplimiento de la normativa preventiva, y no cesa en sus actuaciones para intentar conseguir los medios necesarios y hacer efectiva dicha entrega", afirma.
Los magistrados también rechazan una estimación parcial de la demanda del SUP sobre ordenar la entrega de equipo y el cumplimiento de las normas preventivas en cuanto fuera posible, ya que creen que "semejante pronunciamiento diferiría su efectividad al futuro, careciendo de la urgencia e inmediatez inherente a la adopción de medidas cautelares". Para tal escenario, explican, "lo procedente sería reproducir la solicitud de medidas cautelares si cambian las circunstancias hoy existentes".
Según la Sala, "ha quedado acreditado que la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad considera que los centros sanitarios ostentan una necesidad de suministro prioritario y/o preferente de EPI y se ha probado, igualmente, la sucesión de actuaciones del Ministerio del Interior para intentar conseguir medios para los integrantes del Cuerpo de Policía Nacional".
La demanda del SUP para proteger a los agentes
El SUP solicitaba en su demanda que se requiriera al Gobierno para que provea de forma inmediata a los centros de trabajo policiales de todo el territorio nacional de pruebas para detectar el Covid-19 a todos los funcionarios, gafas de protección, pantallas, viseras, mascarillas FPP2 y FPP3, batas, mandiles y otra ropa de protección total del cuerpo, guantes y mamparas de seguridad, así como contenedores específicos para residuos con riesgo biológico.
Según exponía el sindicato, "las condiciones laborales actuales están provocando la exposición de los policías al Covid-19 y con ello un probable daño en su salud que puede incluso provocarles la muerte, como así lo demuestran los fallecimientos de varios guardias civiles y un policía nacional". Añadía que ya hay "más de 9.000 afectados en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las Fuerzas Armadas" por esta pandemia.