El gobierno catalán retrasa la creación de un hospital militar pero pide médicos a la UME

Caos, prejuicios, excusas, burocracia y trabas. La Generalidad mantiene una compleja relación con la Unidad Militar de Emergencias (UME) que opera en Cataluña. Mientras los ayuntamientos y los responsables de centros de ancianos reclaman la ayuda de los militares, altos cargos y consejeros de la administración autonómica se dedican a torpedear las actividades de la UME. El último ejemplo, el hospital de campaña que el Ejercito está levantando en la pista cubierta de atletismo de Sabadell, localidad gobernada por la socialista Marta Farrés.

Solicitada la ayuda del Ejército para aliviar la situación del hospital sabadellense Parc Taulí, se decidió habilitar el polideportivo como centro sanitario a instancias del ayuntamiento. En principio no había problema ninguno y los técnicos de la consejería de Salud, que dirige Alba Vergés (ERC) no pusieron ningún inconveniente al diseño del Ejército.

Una vez comenzados los trabajos llegaron los primeros problemas y las primeras trabas, según denunció el digital Crónica Global. De buenas a primeras la consejería adujo que no le gustaba el "estilo militar" de la instalación ni las tiendas de campaña provistas por el Ejército para separar a los enfermos. La Generalidad era partidaria de instalar unas mamparas de las que en ese momento se carecía. Las trabas y reparos fueron de tal intensidad que los efectivos militares y no militares (Médicos sin Fronteras) tuvieron que parar los trabajos para instalar 240 camas a la espera de que se resolviera el contencioso entre la consejería y la Delegación del Gobierno en Cataluña.

Al final se impuso el criterio de la consejería de Salud y tras más de 24 horas de parón, se desmontaron las tiendas y se están instalando los paneles que quería la Generalidad. Dada la gravedad del asunto, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Sabadell ha abierto diligencias para determinar quién decidió bloquear el hospital de campaña y las razones aducidas.

Al objeto de contrarrestar la polémica, la consejera de Salud, Alba Vergés, ha pedido al Ejército que médicos y enfermeras de la UME se sumen a las tareas de lucha contra el coronavirus en los hospitales catalanes.

Mortalidad en las residencias de ancianos

Por otra parte, la consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia ha dado unos supuestos datos sobre la incidencia del coronavirus en las residencias de ancianos después de tres semanas de apagón informativo. Según la "información" de esta consejería, que dirige Chakir El Homrani (ERC), 362 personas han muerto por coronavirus y 830 ancianos están infectados y otros 189 hospitalizados. Según la misma fuente, 64.093 personas viven en residencias de mayores públicas o privadas. Y de las 1.073 residencias que hay en Cataluña, sólo en 158 se han diagnosticado casos de coronavirus.

En cuanto al personal de estos centros, 3.184 están aislados de manera preventiva o con síntomas sobre un total de más de 75.000 trabajadores.

La consejería reconoce, no obstante, que los datos son deficientes y que carecen de la información necesaria para aportar una radiografía exacta sobre la situación de las residencias en Cataluña. Al hilo de la tragedia en las residencias de ancianos, el presidente de la Generalidad, Quim Torra, ha afirmado que "hay cosas que no hemos hecho bien, como no informar con claridad sobre lo que pasa en las residencias". El toque de atención de Torra se enmarca en la batalla política en el seno del gobierno de la Generalidad, toda vez que tanto el sistema sanitario como las residencias de ancianos están en manos de ERC.