Sánchez toma una decisión salomónica sobre los alquileres para aparentar un "gobierno cohesionado"

En tablas. Esta nueva batalla interna en el Gobierno por las medidas al alquiler de vivienda ha quedado en un empate entre los dos sectores enfrentados: el social de Pablo Iglesias y el económico de Nadia Calviño.

Según fuentes gubernamentales consultadas por Libertad Digital, quien ha dirimido la cuestión ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una decisión salomónica entre ambos: concede a Podemos la victoria de una quita a los grandes tenedores de vivienda y a Economía la victoria del rechazo a las condonaciones que anunció este lunes el ministro de Movilidad y Transportes, José Luis Ábalos, quien aseguró que "no habrá condonaciones".

Había una gran expectativa por conocer al ganador de este nuevo asalto en la lucha por el poder interno del Gobierno tras ganar Iglesias la batalla a Calviño en el decreto sobre el parón de la industria y el "permiso permanente retribuido", pero el Ejecutivo ha asumido hoy su error al proyectar en los medios de comunicación las cuitas internas y pretendía hoy vender la imagen de "un Gobierno cohesionado".

Con ese objetivo se ideó la comparecencia conjunta de los dos principales contrincantes internos en Moncloa, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, junto a la portavoz, María Jesús Montero, cuyo lapsus fue sin embargo muy elocuente de cómo Podemos ha tomado las riendas de la pólítica económica en los últimos días: "Le doy ahora la palabra al vicepresidente económico, perdón, segundo...".

¿Quién gana en el fondo?

En lo relativo al fondo, el Consejo de Ministros adopta medidas de apoyo al alquiler pero no adopta una cancelación de la deuda a los grandes propietarios de vivienda (bancos, inmobiliarias y fondos de inversión) como quería Podemos. Ésta es la victoria de Calviño. La de Iglesias: haber conseguido una quita —aunque opcional— en el caso de familias vulnerables a quienes se les ofrece la posibilidad de una quita del 50% o una moratoria en el plago aplazado del alquiler.

Según presidencia del Gobierno, el objetivo hoy era llegar a un acuerdo en el Consejo de Ministros y hacerlo "incluso en hora" compareciendo a una hora prudencial, sin traslucir enfrentamientos internos, y consideran que lo han "logrado". Desde el Ministerio de Economía ponen el acento en que el objetivo principal es que "se fomenta una moratoria" que, en caso de no pactarse, podría culminar en una quita del 50% pero "sólo para los más vulnerables".

A sumar que la consideración de ‘gran tenedor’ de vivienda se eleva de ocho a diez inmuebles por propietario, lo cual se acerca más a los postulados socialistas que a los podemitas. Es decir, una quita como opción y no como obligación, limitada a cuatro meses y sólo para grandes propietarios que, en buena medida, son el sector público.

Iglesias apela a la Constitución

Apelando a la Constitución como "el mejor marco de referencia" —la que otrora fuera para él el "candado del 78"— e incluso a "la noción patriótica de la primacía del interés general del país" el vicepresidente Iglesias anunciaba "medidas muy importantes" y entraba en detalle, lanzando la bomba que certifica su victoria, aun parcial, sobre el sector más ortodoxo del Ejecutivo en materia económica: "Si desde el Gobierno le decimos a la gente que se quede en casa, ahora más que nunca debemos garantizar su derecho constitucional a la vivienda" aseveraba, para concretar que "nadie puede ser expulsado de su casa".

Una a una, detallaba las medidas contenidas en el decreto, incluidas las que blindan a los inquilinos que puedan ser deshauciados, las que prorrogan automáticamente seis meses los contratos de alquiler de próximo vencimiento y, la medida estrella, en palabras del líder de Podemos, que "si un inquilino está en situación de vulnerabilidad y su casero es un gran tenedor de vivienda o un fondo de inversión, éste tendrá que elegir entre dos opciones: o bien llevar a cabo la quita del 50% de la deuda del inquilino, o bien reestructurar esa deuda para que el inquilino pueda pagarla durante tres años".