La titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid ha abierto una investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, por delitos de prevaricación administrativa y o lesiones por imprudencia profesional, tras permitir concentraciones multitudinarias en Madrid entre el 5 y el 14 de marzo en plena crisis del coronavirus.
La magistrada adopta esta decisión, tras recibir por reparto de decanato, el pasado viernes 20 de marzo, de la denuncia presentada por un particular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra todos los delegados de Gobierno de las diferentes Comunidades Autónomas, así como Ceuta y Melilla, por no haber prohibido concentraciones multitudinarias entre el 5 de marzo y el 14 de marzo del año presente.
Según dicha denuncia, las concentraciones no se prohibieron a pesar de la recomendación emitida por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades, de 2 de marzo.
Por ello, la juez ha incoado diligencias previas respecto al delegado de Gobierno de Madrid, al ser el único sobre el que tiene competencia, instando al denunciante a que, si lo estima, traslade la denuncia ante los órganos competentes: el presidente del Gobierno, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y el resto de delegados de Gobierno, ante los órganos judiciales de sus comunidades autónomas.
Las presentes diligencias previas se incoan frente al delegado de Gobierno de Madrid por un presunto delito de prevaricación administrativa y o lesiones por imprudencia profesional. En el marco del procedimiento, la juez ordena una batería de diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense, con expresa advertencia de que no son urgentes y que deberán, por tanto, practicarse cuando su disponibilidad lo permita a la vista de la evolución del estado de alarma.
Tal y como desveló este diario, José Manuel Franco también fue denunciado en los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla de Madrid por "autorizar" la multitudinaria marcha del 8-M en la capital en plena crisis del coronavirus.
En la denuncia presentada por Manos Limpias, se imputaba al dirigente socialista un supuesto delito de imprudencia grave a la salud, por "haber puesto en grave riesgo la salud de los residentes en la Comunidad de Madrid y de otras Comunidades Autónomas, al autorizar la manifestación celebrada en Madrid el día 8 de marzo de 2020, con motivo del Día Internacional de la Mujer".