El presidente de la Generalidad, Quim Torra, y sus consejeros, tanto de Junts per Catalunya como de ERC, han agudizado en las últimas horas sus críticas al Gobierno, a quien responsabilizan del aumento de los casos de coronavirus en Barcelona. Prosigue corregida y aumentada la guerra sucia propagandística, cuya última andanada ha sido acusar al Gobierno de requisar material sanitario destinado a Cataluña.
La consejera de Salud, Alba Vergès, de ERC, afirma que le han llegado denuncias de empresas, proveedores y centros hospitalarios sobre la paralización de envíos de material como mascarillas, guantes y batas. El alcalde de Igualada, el posconvergente Marc Castells, ha asegurado que cuatro mil mascarillas destinadas al hospital de la localidad, confinada por la Generalidad, se encuentran bloqueadas en Madrid. Esta denuncia ha dado pie a que tanto Torra como sus consejeros hayan explotado la supuesta requisa de material por parte del Gobierno.
Hi ha 4.000 mascaretes sol·licitades per l'Hopistal d'Igualada, i que estaven a punt de ser enviades cap aquí, que s'han aturat a Madrid, pendents d'algun tràmit o inspector.
— Marc Castells @marccastells) March 18, 2020
Exigeixim responsabilitat a totes les Administracions i que siguin immediatament enviades a @Hospitaligd pic.twitter.com/CrplI6yKdF
La consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, de Junts per Catalunya (JxCat) ha resaltado en rueda de prensa "la preocupación por las noticias que nos llegan por la actuación de las fuerzas policiales estatales, que están requisando material sanitario destinado a los hospitales catalanes". "Instamos al ministro de Sanidad a que nos aclare esta cuestión, que informe a la ciudadanía de qué requisas se están llevado a cabo, dónde va ese material y de qué manera será distribuido", añadió Budó.
Carta de Torra
Horas antes, el presidente autonómico había enviado una carta a Pedro Sánchez en la que afirmaba: "Desde el Gobierno que preside se está procediendo a la requisa de los bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en el citado real decreto, en particular para la prestación de los servicios de seguridad o de los operadores críticos o esenciales. Le solicito que dé las órdenes oportunas para que se destinen una parte de estos bienes requisados, especialmente los que garantizan la seguridad de los profesionales que trabajan para erradicar esta pandemia en Cataluña, dado que, al estar aplicando su Gobierno estas actuaciones en las fábricas productoras y en las empresas de importación, está resultando imposible dotar al personal de la policía de la Generalidad, las policías locales y, muy especialmente, a los sanitarios de nuestro sistema de salud, de las mascarillas y demás material que les ha de proteger en su día a día de lucha contra el SARS-CoV-2".
Denuncia sindical
Sin embargo, la Generalidad, a través del Centro de Iniciativas de Reinserción (Cire) dependiente de la consejería de Justicia, tiene capacidad para producir mascarillas y el material sanitario que reclama al Estado, según una denuncia del sindicato "Iac-Catac" (Intersindical Alternativa de Cataluña-Candidatura Autónoma de Trabajadores de la Administración de Cataluña).
Dicha organización, de orientación independentista, aseguraba en una nota del 16 de marzo que "curiosamente los talleres del Cire (Centro de Iniciativas de Reinserción), entidad que organiza el trabajo en talleres productivos (de presos) en Cataluña, fabrica mascarillas para exportar a Italia toda la producción. Esta información ha indignado a los funcionarios en un momento de gran desabastecimiento de este producto".
El sindicato añadía que "el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma permite la requisa de la producción por razones de interés general y para evitar el desabastecimiento. El Cire tiene la condición de ente instrumental de la Administración, por tanto ésta se le puede dirigir directamente para hacerle encargos y priorizarlos si fuese necesario. Resulta sorprendente que el mismo Departamento de Justicia de la Generalitat tenga en sus procedimientos comportamientos tan contradictorios, y que pudiendo producir mascarillas no lo ponga en conocimiento del Departamento de Salud, donde personal sanitario de varios hospitales de Cataluña han denunciado su desabastecimiento".
Negocio con la salud de funcionarios y presos
La Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) también ha denunciado la situación y asegura que el Cire y la secretaría de prisiones de la Generalidad "hacen negocio con la salud de los trabajadores penitenciarios y los internos". Según este sindicato, los responsables de prisiones de la Generalidad han distribuido mascarillas quirúrgicas entre los funcionarios en vez de las mascarillas con filtro "FFP2", de mayor protección, que se fabrican en los "talleres productivos de jóvenes" de los centros penitenciarios de la administración autonómica.