El estado de alarma decretado por el Gobierno para hacer frente al coronavirus está destapando otra deficiencia en las instituciones del Estado. Los centros de menores suponen estos días otro escenario conflictivo del que tienen que estar pendiente los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Los medios humanos están demostrándose insuficientes para hacer frente a los ataques de los allí ingresados, que tratan de abandonar las instalaciones, llegando a agredir incluso a los trabajadores, como ha ocurrido en Cantabria o en Aluche, donde en varias ocasiones han trepado hasta la azotea. En declaraciones a Es la Mañana de Federico, Javier Prieto, el portavoz del CSIF, narra que "ellos quieren salir, perciben el peligro de otra manera, no se responsabilizan y se ponen agresivos porque quien salir".
A esta agresividad que denuncia Prieto fruto de las restricciones del estado de alarma –no pueden ni siquiera salir al patio–, se suma otra dificultad más: que "algunos trabajadores están de baja porque han dado positivo en coronavirus y otros realizan su labor desde casa dado que tienen que atender tareas en sus hogares. Estamos en cuadro".
A esta falta de recursos –carecen de mascarillas y demás material sanitario– se suma un protocolo incapaz de frenar los contagios por coronavirus según el testimonio de los propios trabajadores, en este caso del centro de Hortaleza, que conviven a diario con esos menores. Una de las trabajadoras desvela que "a unos menores que mostraban síntomas compatibles con el coronavirus, una doctora se ha limitado a realizarles un test de drogas y otro de embarazo". Denuncian además que, "a diferencia de lo que ocurre en otros lugares o edificios públicos, son las propias educadoras quienes tienen que desinfectar las instalaciones".