Los técnicos del Ministerio del Interior han pasado las últimas horas elaborando el protocolo de actuación por el que se regirá el trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado, policías autonómicas y agentes locales para hacer cumplir las restricciones del estado de alarma que entró en vigor en la medianoche del sábado para combatir la pandemia del coronavirus. Y es que el departamento de Fernando Grande Marlaska será la pieza clave durante estos días.
Uno de los aspectos más llamativos es que los cuerpos policiales van a establecer controles de seguridad fijos y móviles, "tanto en las vías y espacios públicos como en la red de transporte, y en particular en aquellos lugares o franjas horarias que específicamente se puedan ver afectados por las restricciones que se acuerden, para asegurar la observancia de las medidas limitativas de la libertad ambulatoria".
Los agentes policiales deberán tener en cuenta que no sólo deben restringir el movimiento de los ciudadanos para hacer cumplir el decreto, sino también garantizar que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y a los servicios básicos en caso necesario, así como la de permitir la movilidad del personal perteneciente a entidades dedicadas a la prestación de servicios esenciales, abastecimiento y distribución de bienes y servicios de primera necesidad.
Durante sus actuaciones, tendrán la potestad de multar a los ciudadanos que no están cumpliendo con las restricciones. "El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes", se especifica en el protocolo elaborado por el departamento de Fernando Grande Marlaska. Las leyes específicas son la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal.
El protocolo de Interior dice que las Fuerzas de Seguridad deberán poner al servicio de las autoridades y profesionales sanitarios "aquellas capacidades de los cuerpos policiales que sirvan para auxiliar a las instituciones y a los profesionales sanitarios ante situaciones en las que dicho auxilio sea necesario para que pueda prestarse asistencia sanitaria urgente a las personas que lo precisen".
En este sentido, se indica que "se reforzarán las medidas policiales de seguridad tendentes a garantizar el normal funcionamiento de centros sanitarios". Este refuerzo también se aplicará "en establecimientos de elaboración, almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos o sanitarios". "Cuando resulte necesario en atención a las circunstancias, se apoyarán los desplazamientos de los servicios sanitarios o de emergencias", señala asimismo la resolución.
Un Centro de Coordinación Operativa
El protocolo elaborado por el Ministerio del Interior explica que se va a crear un Centro de Coordinación Operativa "que asegure una transmisión permanente y continúa de información con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya sean estatales, autonómicas o locales, tanto para la difusión de órdenes y directrices de actuación como para la recepción y seguimiento de las novedades que se produzcan".
Explica que este centro y todo el protocolo estará en funcionamiento durante toda la vigencia del decreto del estado de alarma por el coronavirus y tiene como destinatarios no sólo a las Fuerzas Seguridad del Estado, sino también a las policías autonómicas, los agentes de corporaciones locales y al personal de las empresas de seguridad privada.
El objetivo de esta orden, según explican fuentes del Ministerio del Interior, es "adecuar al ámbito competencial del Ministerio del Interior" las medidas contenidas en el decreto de estado de alarma "en relación con la actuación operativa que para su ejecución deban asumir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".