Lejos de templar los ánimos, Podemos volvía a arremeter veladamente este miércoles contra el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por sus correcciones a la Ley de Libertad Sexual impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, número dos de la formación morada.
Menos de veinticuatro horas después de que Pablo Iglesias insinuara que Campo es un "machista frustrado", el portavoz parlamentario del partido gobernante, Pablo Echenique, subía la apuesta en una entrevista en Antena 3, donde no dudaba en aseverar que "parece que cuando mujeres prestigiosas [aludía a las catedráticas que han participado en el proyecto] redactan una Ley, pues hace falta que venga un machote a decir: ‘No te preocupes, que yo te explico cómo hay que hacer las cosas’".
En la misma linea, en declaraciones a los medios en el Congreso, se pronunciaba la Secretaria de Feminismo del partido, Sofía Castañón, aludiendo a las recomendaciones de la CEDAW, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de la ONU, según las cuales, explicaba, "el sistema judicial tiene un sesgo patriarcal" algo, añadía, "que supongo que permea en todo. Estamos en la semana del ocho de marzo y creo que reconocer en qué espacios existe el machismo es mirarse a cada una y cada uno".
Juan Carlos Campo ingresó en la carrera judicial en 1987, es doctor en Derecho por la universidad de Sevilla y fue, entre los años 2002 y 2008, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Las leyes feministas tienen "una especial lupa"
No iba tan lejos la protagonista principal de la polémica, Irene Montero, aunque de manera más críptica aún dejaba caer una crítica a su compañero de gabinete. "Siempre las leyes feministas han tenido un especial cuestionamiento, una especial lupa. Precisamente por ser un gobierno feminista somos muy conscientes de ello y trabajaremos de forma incansable para garantizar, en este caso por ejemplo, que el ‘sólo sí es si’ que es un grito del movimiento feminista, se convierta en Ley lo más pronto posible" aseguraba.
La reforma a la que el martes daba luz verde el Consejo de Ministros tiene por delante el trámite parlamentario preceptivo.
El caso Couso
En otro asunto totalmente distinto, Podemos manifestaba también este miércoles su discrepancia con una actuación del Gobierno, que a través de la Abogacía del Estado recurre la sentencia que obligaba a indemnizar a la familia del cámara José Couso, asesinado en la guerra de Irak en 2003. El diputado morado Enrique Santiago hablaba de "falta de protección adecuada de los servicios diplomáticos" a la familia Couso aunque matizaba que aún no hay, al respecto, "argumentos del Gobierno" sino únicamente, matizaba, de su servicio jurídico.