La Fiscalía Provincial de Madrid solicita ocho años de prisión para José Ramón Mérida Velasco, el exdirector del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid por el llamado caso de los cadáveres de la Complutense. Concretamente, el Ministerio Público le reclama 3 años de cárcel por un delito contra la salud de los trabajadores y un año por cada uno de los cinco delitos contra la integridad moral.
A pesar de las reiteradas quejas de los trabajadores por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud, el acusado obligó a los trabajadores durante años a prestar sus servicios "en condiciones insalubres, degradantes, nocivas y peligrosas". De hecho, después de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ordenara en 2014 la paralización de todos los trabajos, se extrajeron del sótano 534 cadáveres.
El escrito de acusación de la Fiscalía denuncia que Mérida sometió a los trabajadores "a unas condiciones de penosidad innecesariamente degradantes que trascendieron de la esfera laboral". Y ello porque durante años desatendió "sistemáticamente" las "justas" demandas de los trabajadores "al tiempo que les culpabilizaba y recriminaba por la situación de desbordamiento que él provocaba, sin proveer ninguna solución".
Una de las quejas de los trabajadores fue por obligarles a prestar sus servicios en un subterráneo sin ventilación que carecía de las condiciones de higiene más elementales "hasta el punto de que era frecuente la presencia de insectos, gusanos y larvas rodeados de restos humanos amontonados anárquicamente y sumergidos en el permanente hedor a putrefacción".
El acusado era el principal responsable de la dirección, control y vigilancia de las condiciones laborales del personal técnico de laboratorio y ordenaba a los técnicos los trabajos que debían realizar o les encomendaba tareas de limpieza y desinfección del material quirúrgico, mesas y superficies. Sin embargo, el representante del Ministerio Público sostiene que las características del centro de trabajo y las circunstancias en las que el acusado dirigía la actividad laboral de los técnicos "determinaba la creación de un grave riesgo para la salud, integridad física y mental de los trabajadores".
Según el relato de la Fiscalía, los técnicos trabajaban en un sótano "que carecía de ventilación adecuada" por lo que todos los estaban expuestos a la inhalación de gases. Incluso la Fiscalía advierte de que no existía ningún cerramiento especial que impidiera que los vapores de dicha sustancia estuvieran concentrados y no se extendieran por las diversas salas y pasillos o de que utilizaran a diario diversos productos químicos potencialmente cancerígenos.
Respecto a la cámara frigorífica donde se conservaban gran número de cadáveres, cuando se averió el acusado ordenó a los técnicos que extrajeran de ella entre 40 y 50 cuerpos y que los dejaran en una sala para ser incinerados. "Sin embargo", añade la Fiscalía, "al no poderse proceder a la cremación de los cuerpos por su elevado número, se quedaron en dicha sala en proceso de deterioro o pudrición".
Las instalaciones no cumplían la normativa reglamentaria de lugares de trabajo ya que "los trabajadores no disponían de duchas, aseos adecuados, vestuarios ni taquillas individuales". Tampoco el uso docente que hacía con los cadáveres era el más adecuado porque los cuerpos accedían al sótano sin protocolo de actuación, sin identificación y sin referencia a su origen o padecimiento de enfermedades infecto-contagiosas. "Esta falta de control sanitario de acceso de cuerpos determinaba que los trabajadores quedaran expuestos a riesgos biológicos, infecciosos y/o parasitarios, que se agravaban por la falta de un adecuado control sobre la salud de los técnicos", añade la Fiscalía.
"Un fuerte hedor a putrefacción"
El escrito de acusación pone también de manifiesto que los técnicos desempeñaban sus funciones en presencia "permanente" de un fuerte hedor a putrefacción, que manejaban manualmente y "de modo repetitivo" cargas cuyo peso oscilaba entre 70 y 120 kilos o que se les ordenaba "introducir los cuerpos en tinas de metro y medio de profundidad y extraerlos desde el fondo para su utilización o destrucción".
Carecían incluso de un libro de instrucciones y de funcionamiento del horno crematorio. A la primera queja motivada por el mal funcionamiento de la cámara frigorífica por exceso de cadáveres y el mal olor que desprendía, la respuesta fue: "Las puertas cerradas y que no se hable nada". Cuando se le expuso la necesidad de llevar los cadáveres a otro sitio la repuesta fue que "era muy caro" y ante el requerimiento para que frenara la afluencia de cadáveres por falta de espacio, ya no hubo respuesta. Aún no está fijada la fecha para la celebración de la vista oral.