Las tensiones en el Gobierno de PSOE-Podemos van a más: tras conocerse las discrepancias entre Carmen Calvo, Juan Carlos Campo e Irene Montero sobre la redacción del proyecto de ley de libertad sexual que ha visto la luz este martes, Pablo Iglesias insinuó en público que el ministro de Justicia era un "machista frustrado". Sólo unas horas más tarde, la Cadena SER ha publicado el informe completo con todas las alegaciones técnicas que en su día hizo el Ministerio de Justicia a la norma estrella de Irene Montero. La lista de reproches es muy larga y no se refieren sólo a cuestiones judiciales: también afectan a aspectos como la puntuación o al uso de palabras inventadas.
En el informe, el Ministerio de Justicia sentencia sobre la norma que "no resulta adecuada la técnica legislativa empleada para abordar los múltiples cambios normativos que se incorporan". Le reprochan, entre otras cosas, que no hay "mecanismos suficientes" para asegurar su aplicación, que hay "duplicidades normativas innecesarias" y que no se detallan las "modificaciones legales que se estiman necesarias".
Sobre las duplicidades, el informe detalla todos los artículos que, a su juicio, estarían duplicados y chocarían con leyes en vigor, recordando que es algo que "choca directamente" con la necesidad de simplificación normativa. Reprocha que en algún caso "la redacción sea idéntica" y aconseja a Igualdad que se estudie la normativa relativa a violencia sexual "de manera sosegada". Detecta en total 25 duplicidades.
Después, el informe especifica los defectos de cada uno de los artículos, con "tipos penales inexistentes como extorsión sexual", contradicciones, redacción "confusa" y párrafos para los que pide directamente la supresión. Alude también a preceptos "reiterativos e innecesarios", destaca inexactitudes, como citar erróneamente las Oficinas de Asistencia a las Víctimas llamándolas "Oficina de atención a las víctimas", denuncia que modifica la competencia de los juzgados de la Mujer sin "un estudio pormenorizado y riguroso de las cargas de trabajo"…. En general, el informe detecta múltiples errores y sobre todo inexactitudes y ambigüedades. En uno de los apartados llega a hablar de "redacción farragosa y difícilmente comprensible del objeto de la Ley".
Los fallos "formales"
Los autores del informe incluyen, además, un amplio apartado sobre "cuestiones formales" aún más demoledor para Irene Montero y su equipo. Le reprochan el uso de mayúsculas al citar la propia ley y pide revisar la puntuación, las citas, el uso de negrita y cursiva y los "dobles espacios innecesarios".
El informe llega a acusar a Igualdad de utilizar palabras inventadas: "Se recomienda revisar la terminología a lo largo del texto, para, en la medida de lo posible, emplear palabras aceptadas por el DRAE". Da algunos ejemplos: "interseccional", autodetermina" y "revictimizar". También se queja de errores en la numeración de los artículos y pide la revisión "formal" de la "adecuación de la expresión" de títulos y capítulos.