El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la llamada Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe) –Lomce o 'ley Wert'–, más conocida como 'ley Celáa', cuyo principal objetivo, como su propio nombre indica, es derogar la Lomce. De hecho, el texto que se ha aprobado ahora es prácticamente el mismo que el que ya se aprobó el 15 de febrero de 2019. Pero Pedro Sánchez ya había convocado elecciones y éste no pudo seguir su curso parlamentario.
La norma deja en manos de las comunidades autónomas la obligación constitucional de que los alumnos reciban educación en castellano. La Lomloe señala que serán los gobiernos autonómicos los que "aplicarán los instrumentos de verificación, análisis y control propios del sistema educativo". Pero la Alta Inspección del Estado quedará fuera. Según Isabel Celáa, no es su función "entrar de manera ejecutiva en los centros educativos, son las inspecciones de las comunidades autónomas las que entran a salvaguardar las normas".
Además, se recupera el modelo anterior a la ley Wert en cuanto a qué contenidos son decididos por el Estado o autonomías. Así, un 55% de los contenidos y materias serán competencia del Estado en las comunidades autónomas con lengua cooficial y en el resto será el 65%.
Por otro lado, y según ha subrayado Celaá, la "enseñanza personalizada es el corazón" de la Lomloe, que tiene entre sus principales objetivos evitar la "segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza", por lo que eliminará los itinerarios en Secundaria que trazó la Lomce. Esta decisión ha provocado el malestar de la escuela concertada porque considera que este reparto puede afectar a las familias a la hora de elegir el centro educativo que ellos prefieran para sus hijos.
Asimismo, los modelos de educación mixta primarán sobre los de educación diferenciada por sexo a la hora de recibir subvenciones a pesar de que el Tribunal Constitucional avaló este modelo.
La ley Celáa elimina también la jerarquía de materias en Primaria y Secundaria Obligatoria (desaparece la anterior división de materias en troncales, específicas y de libre configuración) y se suprimen las famosas reválidas impulsadas por José Ignacio Wert. Sólo habrá habrá evaluaciones de diagnóstico censales en 4º de Primaria y en 2º de la ESO de carácter informativo y orientador para los centros y serán gestionadas por las CCAA. También habrá otras pruebas en 6º de Primaria y 4º de la ESO, que serán muestrales y en las que colaborará el Ministerio.
Por otro lado, la norma garantizará que todos los estudiantes de Primaria y ESO cursen una materia sobre valores cívicos y éticos. En cuanto a la Religión todo sigue igual: será de oferta obligatoria en los centros, pero de elección voluntaria y su nota no se tendrá en cuenta a la hora de calcular la media en los procesos de acceso a la universidad o de obtención de becas, entre otros. La única novedad es que se elimina la obligación para los que no eligen religión de cursar otra asignatura alternativa. Pero la ministra no ha aclarado qué harán esos alumnos que no cursen religión si ya no tienen que estudiar Valores.
Sí es intención de Celáa cambiar más adelante el currículo para que haya menos contenidos "enciclopédicos y memorísticos".