El caso de corrupción de los cursos de formación de UGT Andalucía se encuentra "en peligro" por el juicio que comenzará el próximo 6 de marzo por un delito de revelación de secretos contra el sindicalista, Roberto Macías. Éste destapó la trama de facturas falsas presentadas por la federación andaluza de UGT para "justificar" las subvenciones destinadas a cursos de formación concedidas por la Junta de Andalucía.
UGT se querelló contra él en 2013 acusándoles de filtrar a los medios de comunicación facturas falsas y las supuestas pruebas de la existencia de una caja B en el sindicato. La declaración de Macías fue clave para que el Juzgado de Instrucción nº 9 de Sevilla imputara a los máximos responsables de UGT-A entre 1998 y 2013, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, por su «participación directa» en la presunta "financiación ilícita" del sindicato.
La organización sindical dirigida en la actualidad por Carmen Castilla solicita para él cuatro años de cárcel y 60.000 euros por los "daños morales" ocasionados a UGT Andalucía. Por su parte, la propia Fiscalía Anticorrupción que investiga en paralelo el caso de corrupción en el sindicato que denunció Macías reclama 3 años de prisión para él. Ambas partes le acusan de copiar 22.500 archivos de la carpeta "compras-confidencial" del servidor informático de la central sindical el 7 de noviembre de 2012, entre los que había facturas de diversos proveedores.
Según fuentes del caso consultadas por Libertad Digital, el juicio oral contra Roberto Macías en el juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla "no debería celebrarse, porque una Directiva europea que entró en vigor en diciembre le protege como denunciante de un caso de corrupción". Concretamente se refieren a la "Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión".
El artículo 21.7 de la citada Directiva europea de "medidas de protección frente a represalia" señala que "en los procesos judiciales, incluidos los relativos a difamación, violación de derechos de autor, vulneración de secreto, infracción de las normas de protección de datos, revelación de secretos comerciales, o a solicitudes de indemnización basadas en el Derecho laboral privado, público o colectivo, las personas a que se refiere el artículo 4 no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo como consecuencia de denuncias o de revelaciones públicas en virtud de la presente Directiva."
"Dichas personas", añade, "tendrán derecho a alegar en su descargo el haber denunciado o haber hecho una revelación pública, siempre que tuvieran motivos razonables para pensar que la denuncia o revelación pública era necesaria para poner de manifiesto una infracción en virtud de la presente Directiva".
"Cuando una persona denuncie o revele públicamente información sobre infracciones que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, y dicha información incluye secretos comerciales, y cuando dicha persona reúna las condiciones establecidas en la presente Directiva, dicha denuncia o revelación pública se considerará lícita en las condiciones previstas en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva (UE) 2016/943", concluye.
Las mismas fuentes consultadas por LD muestran su preocupación por "el papel acusador jugado en el caso por la Fiscalía, ya que si Roberto Macía es condenado las pruebas que obtuvo con las que se denunció la corrupción de UGT Andalucía podrían ser invalidadas, al conseguirse de 'forma ilícita' y dejar impune la corrupción en el sindicato".
De hecho, el Ministerio Público considera que la Directiva europea que exoneraría a Macías de ser condenado por revelación de secretos, no es aplicable en su caso, porque no hizo una denuncia interna en UGT: "Si no hubiera confiado en ella para poner en su conocimiento estas corruptelas, para eso estaban las autoridades públicas. No fue ni a la Policía ni a la Guardia Civil ni al Juzgado ni a la Fiscalía ni a ningún organismo público".
Por su parte, la Coordinadora de Ayuda al Denunciante de Corrupción CONADECO denunciará a la Fiscalía por no haberse abstenido en este caso. Además, solicita a las Confederaciones Europeas de Sindicatos EUROCADRES, ITUC CSI, y ETUC, que se pronuncien "en contra de las represalias que la UGT Andalucía está llevando contra su ex trabajador, Roberto Macías, por alertar de un acto grave de corrupción".
La excúpula de UGT Andalucía procesada
El juez de Instrucción nº 9 de Sevilla procesaba en diciembre al exsecretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, y otras 14 personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil. El ex secretario general de UGT, Manuel Pastrana, no fue procesado provisionalmente por razones de salud y otras siete personas más en las que no encuentra indicios de delito.
Comienza así la fase judicial final de las informaciones aportadas en exclusiva por Libertad Digital desde 2013 a la que se unieron meses después otros medios y en las que se daba cuenta de un gran número de irregularidades perpetradas por los dirigentes sindicales de UGT en Andalucía.
En la resolución el juez concluye que "el cómputo global de las cantidades defraudadas" en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria "asciende a 40.750.047,74 euros".