La ofensa se cometió hace ya varios años, pero son muchos los agentes de la Guardia Civil que no olvidan las palabras del actual ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante la campaña electoral de las elecciones municipales de 2015. Como líder de IU recorrió el país de una punta a otra para apoyar a sus candidatos locales. Los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla estaban de actualidad en ese momento y no dudó en entrar de lleno en el tema.
"Mientras el Gobierno mandaba a la Guardia Civil a asesinar inmigrantes en la frontera de Melilla [...] aprobaba una normativa para otorgar el permiso de residencia inmediatamente a extranjeros que comprasen una vivienda de más de medio millón de euros", dijo de forma contundente durante un mitin en Salamanca el 20 de abril de aquel año. Esas palabras entraron como un cuchillo ardiendo en el seno del Instituto Armado.
El entonces director general de la Guardia Civil, el popular Arsenio Fernández de Mesa, anunció públicamente que los servicios jurídicos de la Benemérita iban a estudiar la posibilidad de presentar una querella criminal contra el ahora ministro de Consumo. En una reacción mucho más rápida, fue la Unión de Oficiales, una de las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de la Guardia Civil, la que registró la querella en los tribunales.
El Tribunal Supremo –Garzón era entonces diputado y, por tanto, aforado– rechazó cuatro meses después las acciones legales contra el líder de IU. El magistrado Alberto Jorge Barreiro, que fue el ponente de la sentencia, argumentó que "aunque los términos utilizados por el diputado resultan innecesariamente duros han de ser entendidos sus excesos como una forma de resaltar estos criterios políticos".
La sentencia decía que el enfado en el seno de la Guardia Civil por las acusaciones de Garzón era "comprensible" pero que no podían tener ningún tipo de castigo penal, porque si se entrase en esa cuestión "nos llevaría a la penalización de los numerosos excesos retóricos que se cometen en los mítines electorales".
Garzón salió indemne, pero fueron muchos los agentes de la Benemérita que quedaron horrorizados con aquellas palabras y que no las han olvidado. Es por ello por lo que, desde que se conoció que el líder de IU iba a ser ministro en el Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, son muchos los grupos de Whatsapp de agentes del cuerpo en los que se está recordando que el actual ministro de Consumo les acusó de "asesinar inmigrantes".
Un hecho que se ha multiplicado exponencialmente después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avalara la legalidad de las devoluciones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla hace unas semanas. Y es que, tanto Alberto Garzón como otros dirigentes de extrema izquierda, han hecho bandera política en los últimos años de su rechazo a que los inmigrantes que son detenidos en el propio vallado sean reenviados a suelo marroquí.